El procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, pidió que la cúpula del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) pague más de 23 millones de dólares en concepto de reparación por un caso de sobornos.
Así lo dio a conocer este jueves la Procuraduría en un comunicado que da cuenta del alegato final que hizo Salvador en un proceso judicial que se sigue contra una veintena de procesados, en el conocido como caso «Sobornos 2012-2016».
En su exposición explicó «cómo funcionaba la estructura delincuencial manejada por la cúpula del Gobierno de Correa y pidió una reparación por 23.025 millones de dólares, más el monto de los contratos firmados con las empresas involucradas», reza el escrito.
El caso, que se ventila en la Corte Nacional de Justicia, dilucida si una veintena de acusados, entre ellos el exmandatario y el exvicepresidente Jorge Glas, pudieron haber incurrido en un delito de cohecho en el marco de una trama de sobornos en la que varias empresas aportaron al oficialista partido Alianza País, a cambio de haber obtenido presuntamente millonarios contratos.
En su intervención, el procurador explicó cómo la supuesta «estructura delictiva cometió el delito de cohecho» y cuáles fueron los actos injustos en los que incurrió cada uno de los exfuncionarios públicos.
También identificó a los representantes de empresas que ofrecieron o entregaron sumas de dinero por diferentes vías a los cargos públicos, e ilícitamente fueron beneficiados con contratos o convenios de pago.
Siguió una exposición del presunto cruce de facturas y la delegación para suscribir contratos y convenios de pago, y finalmente, determinó los autores y su grado de participación.
Además, como medida de reparación simbólica requirió que los 21 procesados presenten disculpas públicas y reconozcan los hechos y sus responsabilidades en uno de los medios de comunicación con difusión a nivel nacional.
Concluyó con un llamamiento al tribunal para que afronte «esta histórica coyuntura» y proceda a «aislar y erradicar a esos agentes corruptores», a la par que pidió una sentencia «ejemplarizadora para los corruptos de todos los tiempos».
El proceso penal trata de resolver si hubo o no financiación ilegal del movimiento político oficialista Alianza País (AP) cuando estuvo bajo el mando de Correa.
El expresidente, que reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, ha calificado «de payasada» el juicio y su defensa ha cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
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