El Gobierno de Ecuador anunció este jueves la reducción a entre 3 y 4 horas los periodos del toque de queda en las madrugadas, según los niveles de inseguridad que las autoridades estimen en cada uno de los 221 municipios del país y al amparo del estado de excepción aplicado desde el pasado 8 de enero.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, modificó el estado de excepción y redujo los horarios del toque de queda que regían hasta este miércoles y que tenían una duración de hasta 5 horas durante las madrugadas.
El nuevo régimen de toque de queda tendrá una «categoría alta» para los cantones (municipios) considerados de mayor inseguridad y cuya duración irá de la 01:00 hora local hasta las 05:00 horas, con aplicación en los de Guayaquil, Quito, Durán, Esmeraldas, Machala, Babahoyo, Quevedo, Manta, Portoviejo, Santa Elena, Santo Domingo de los Colorados y Lago Agrio, entre otros.
En la «categoría media», que irá de 02:00 hora local hasta las 05:00 horas, se encuentran cantones como Cuenca, Azogues, Tulcán, Riobamba, Atacames, Samborondón, Morona y Tena, entre otros.
Asimismo, el Gobierno consideró como «categoría baja» a la mayoría de municipios del país, donde no se aplicarán restricciones, entre los que se cuentan a los de Ibarra, Loja, Ambato, Guaranda, Latacunga, Pastaza, Orellana, San Cristóbal y Santa Cruz, entre otros.
En total, en la «categoría alta» se encuentra 38 cantones de 10 de las 24 provincias del país, en la «media» son 23 municipios de 15 jurisdicciones provinciales y en la «baja» constan 160 ayuntamientos de 22 provincias.
El pasado 8 de enero, Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por sesenta días, ante una serie de atentados y acciones violentas de bandas criminales en varias ciudades del país.
El estado de excepción, con el que el Gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía.
El pasado 7 de marzo, Noboa prorrogó por 30 días el estado de excepción para «garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica» en el país.
Esa mediad implica -con excepciones- la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de libertad de reunión, así como del libre tránsito mediante el toque de queda y la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los presos. Además, declara a las cárceles como «zonas de seguridad».
Y es que la violencia en las calles de principios de año coincidió con una serie de motines simultáneos en diferentes cárceles de las que se fugaron cerca de 90 presos y donde unos 200 guardias y policías permanecieron retenidos por los reos durante varios días.
Estos episodios ocurrieron cuando el gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su política de «mano dura» para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
La violencia carcelaria saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes.
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