Una Corte de Ecuador condicionó este lunes suspender la pena al informático sueco Ola Bini, vinculado al fundador de WikiLeaks Julian Assange, que el pasado viernes fue condenado a un año de prisión por la «tentativa» de un presunto acceso ilegal a sistemas de cómputo del Estado.
Un tribunal de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) aceptó «el pedido de suspensión condicional de la pena interpuesto por el ciudadano sueco, que fue sentenciado por acceso no consentido a un sistema informático, en grado de tentativa, informó la Fiscalía del Estado en su cuenta de la red X.
Durante el periodo de condena de un año, Bini deberá «presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio determinado, ejercer un trabajo, profesión u oficio; no ser reincidente y no ser procesado por otra causa», agregó el Ministerio Público.
El pasado viernes, un tribunal de apelaciones de la misma judicatura revirtió el fallo de inocencia que se había dictado en enero de 2022 en favor de Bini y, tras aceptar un pedido fiscal le condenó a un año de prisión y pagar una multa de 1840 dólares.
La defensa del informático sueco anunció que apelaría la condena ante la Corte Nacional de Justicia (Tribunal Supremo), pero adelantó que solicitaría la suspensión condicional de la pena de prisión.
Carlos Soria, abogado de Bini, calificó el sábado de «inaudita» e «inaceptable» la condena a un año a su cliente, al considerar que se le juzgó por la «tentativa» de acceso ilegal a sistemas de cómputo del Estado.
Soria se lamentó de que la causa referida por un presunto delito de acceso ilegal a sistemas informáticos oficiales haya sido juzgada apenas como «tentativa».
Esta es «una cuestión absurda», porque al final «se está criminalizando el conocimiento», añadió Soria que, además, indicó que la Fiscalía «nunca pudo argumentar» la supuesta «tentativa» del delito.
«Apelaremos para que en la Corte Nacional puedan revisar la sentencia y que Ola Bini sea declarado nuevamente inocente», remarcó Soria.
El sueco de 41 años fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Julian Assange en su Embajada en Londres.
Ello llevó al arresto del australiano fundador de WikiLeaks en Reino Unido, sometido también a la petición de Estados Unidos para que sea extraditado a ese país, donde enfrentaría cargos por haber filtrado información reservada que avergonzó al Gobierno de Washington.
La Fiscalía de Ecuador había acusado a Bini por la sospecha de que había accedido sin autorización al sistema de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini, que ha negado enfáticamente los cargos, criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones.
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