El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy que los cubano-estadounidenses podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana, pero no llegó a autorizar denuncias contra compañías extranjeras.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución de Fidel Castro.
El título III, nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, ya que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.
Tras semanas amenazando con activar esta disposición, el Gobierno de Donald Trump anunció hoy que finalmente prorrogará su suspensión, aunque con una salvedad: sí podrán interponerse demandas contra aquellas compañías incluidas en una «lista negra».
En esa «lista negra» figuran entidades «bajo el control» de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así como el personal con «transacciones financieras directas» que podrían dañar al pueblo cubano, según el Departamento de Estado.
En el listado, actualizado por última vez en noviembre de 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.
En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.
Una alta funcionaria del Departamento de Estado insistió a la prensa que el objetivo es aumentar la presión sobre el régimen cubano.
«Esta es la primera vez que EE.UU. está incluyendo una excepción al título III. Queda muy claro con nuestra acción que hacemos responsable al régimen cubano de la confiscación de propiedades y que nos aseguraremos de que hay Justicia para los afectados estadounidenses», subrayó.
Por otra parte, la prórroga de la suspensión del título III en el resto de los casos, principalmente empresas extranjeras que operan en Cuba, será solo por 30 días más (hasta ahora eran plazos renovables de seis meses), momento en el que Mike Pompeo evaluará otra prorroga en base a dos criterios: los «intereses nacionales» y la posibilidad de acelerar una «transición a la democracia» en Cuba.
Cuando el título III se aprobó en 1996, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU. y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La batalla concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener la norma suspendida a cambio de la retirada de la querella.
Exiliados cubanos, muchos de los cuales ahora son ciudadanos de EE.UU., han reclamado durante mucho tiempo la activación del título III para recuperar las fortunas que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana y por las que nunca fueron compensados debido a las tensiones políticas bilaterales de la época.
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