La «represión» por parte del líder de Nicaragua, Daniel Ortega, hacia la oposición política y el pueblo de nicaragüense desde 2018 “se ha vuelto cada vez más draconiana”, afirmó Samantha Power, directora de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID), el viernes.
Las declaraciones de Power, citadas en un comunicado de prensa de la institución, tuvieron lugar durante la juramentación del nuevo director de Misión de USAID en Nicaragua, Michael Eddy.
Power destacó que el nuevo jefe de misión “toma las riendas en un momento realmente difícil para Nicaragua, y un momento especialmente difícil (…) para nuestros ciudadanos del Servicio Exterior” en ese país.
También denunció que aún hay cerca de 150 presos políticos en ese país y que continúa el cierre de cientos de oenegés, así como la persecución contra defensores de derechos humanos, grupos religiosos y ciudadanos que se oponen al régimen.
“Nuestros ciudadanos del Servicio Exterior viven bajo la amenaza de represalias del régimen de Ortega-Murillo, al igual que innumerables nicaragüenses”, apuntó Power, quien además agregó que “la falta de apoyo del gobierno” hace que el trabajo de la agencia “sea más difícil de llevar a cabo”.
A su llegada al cargo, Eddy, se enfrenta a un panorama incierto en el país centroamericano, no solo debido a los ataques contra el servicio exterior, sino a una serie de embestidas mediáticas contra USAID orquestados por la Administración Ortega a través de sus medios oficiales.
En su último editorial, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo dijo que la agencia de cooperación estadounidense busca “penetrar en la base del Frente Sandinista, dividir al sandinismo, aislar al presidente Ortega a nivel internacional y, por supuesto, promover los intereses de las corporaciones estadounidenses”.
A lo anterior se suma el inicio de una nueva ola de disolución de entidades sin fines de lucro, las que el régimen acusa de recibir fondos del exterior para fomentar un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos.
Según el cómputo realizado por organismos de derechos humanos, como el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, un total de 440 entidades (ONG, empresas, asociaciones, organizaciones humanitarias, etc.) han sido disueltas hasta la fecha por las autoridades nicaragüenses.
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