El Gobierno de EE.UU. alcanzó un acuerdo con El Salvador sobre cooperación en materia de inmigración irregular, aunque no se trata de un pacto de «tercer país seguro», informó este viernes la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, en declaraciones a los periodistas en Washington.
«Son todas las medidas para tratar de minimizar y tratar de garantizar la protección de todas esas personas que se ven forzadas a migrar irregularmente hacia los EE.UU.», dijo la canciller salvadoreña, sin ofrecer detalles específicos del acuerdo.
Hill indicó que estarán firmando este viernes «un acuerdo marco para poder trabajar en estrecha colaboración y cooperación en los diferentes temas» que les atañen.
«Es evidente que el tema de migración irregular es un problema y una preocupación que compartimos tanto Estados Unidos como El Salvador», agregó la funcionaria durante un acto en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
El diario The Washington Post informó, citando a funcionarios gubernamentales, que el pacto permitiría enviar al país centroamericano a los demandantes de asilo que lleguen a la frontera estadounidense para que pidan ese amparo desde allí.
El pasado 26 de julio, los Gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.
El acuerdo, hecho público por el Gobierno guatemalteco, no menciona el término «tercer país seguro», expresión que la Agencia de la ONU para los Refugiados emplea para designar a aquellas naciones donde se reubican los refugiados que tenían previsto llegar a otro destino.
Bajo el acuerdo, los solicitantes de asilo que llegan a la frontera serán enviados de vuelta a Guatemala si, en su ruta hacia el norte, han atravesado el país centroamericano antes de llegar a territorio estadounidense.
También la Administración de Donald Trump alcanzó en junio pasado un acuerdo con el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que permitió la ampliación a toda la frontera común de un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino mientras se tramitan sus casos, lo cual puede durar meses o incluso años.
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