La decisión de Venezuela de aceptar de nuevo vuelos de deportación de migrantes desde EE.UU., tras años de no hacerlo, fue «independiente», aseguró este viernes a EFE un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Caracas, que rompió relaciones diplomáticas con EE.UU. en 2019 pero ha mantenido un tímido acercamiento con Washington en los últimos meses, «tomó una decisión independiente de habilitar las repatriaciones», indicó Blas Nuñez-Neto, encargado de la política fronteriza del DHS.
El funcionario aseguró además que su cartera «siempre está en diálogo con contrapartes de otros países» para facilitar la devolución de las personas que tienen órdenes de deportación en EE.UU.
Sus declaraciones contradicen la versión de Venezuela, que anunció ayer en un comunicado que llegó a un «acuerdo sobre migración» con Washington tras «conversaciones sostenidas» entre funcionarios de ambos países.
Esta nueva medida, que busca disuadir el movimiento de personas hacia EE.UU., llega en medio de un aumento en el número de venezolanos que han intentado cruzar la frontera con México de manera ilegal.
En junio 11,506 personas de esta nacionalidad fueron detenidas y en agosto esta cifra subió a 22,172.
Aún no se han dado detalles sobre cuántos vuelos de deportación EE.UU. tiene pensado enviar cada semana, pero Nuñez-Neto aseguró que su gobierno está confiado en que tiene «la capacidad» para devolver a los venezolanos que no puedan «establecer una base legal para permanecer» en territorio estadounidense.
A su vez, añadió, EE.UU. ya tiene identificados a los «individuos que van a formar parte del primer vuelo (a Venezuela)».
Nuñez-Neto recordó, sin embargo, que su Administración ha abierto caminos legales para la migración de venezolanos, independientes al asilo, como el permiso humanitario, conocido como «parole», o el estatus de protección temporal (TPS).
Solo con el programa»parole», que cumple este mes un año desde que se anunció, han entrado a EE.UU. más de 130,000 venezolanos, destacó el funcionario.
Hasta ahora las autoridades estadounidenses no podían deportar a su país a los venezolanos que no cumplieran con los requisitos para permanecer de manera legal en EE.UU.
Como parte de un acuerdo con México, sin embargo, EE.UU. tenía la capacidad de devolver al otro lado de la frontera a un cierto número de venezolanos al mes. Esta práctica se mantendrá a la par que los vuelos de deportación, según detallaron ayer funcionarios gubernamentales en una llamada con periodistas.
Defensores de derechos humanos criticaron duramente la decisión del gobierno de Joe Biden de enviar a migrantes deportados de vuelta a Venezuela, un país azotado por una grave crisis humanitaria y económica.
«Urge el respeto al principio de no-devolución: que ninguna persona en necesidad de protección sea deportada. Esta decisión es lamentable», escribió Carolina Jiménez, presidenta de la organización WOLA, con sede en Washington, en la plataforma X (antes Twitter).
La organización Humans Rights Watch también condenó la decisión: «Los venezolanos huyen de una emergencia humanitaria y de la persecución. Enviarlos de vuelta pone a muchos en riesgo», escribió en X su directora para las Américas, Juanita Goebertus.
La movilización humana venezolana es la mayor en el continente americano: unos 7.32 millones de personas de esa nacionalidad salieron de su país en los últimos años, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
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