El combate al crimen organizado trasnacional y las causas que provocan la migración desde Centroamérica están entre las principales prioridades de la administración Biden para esa región, así lo dio a conocer el lunes el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.
Price habló sobre la necesidad de trabajar con los países del istmo centroamericano y apoyarlos en su lucha para combatir las causas que impulsan la migración, entre ellas la corrupción y la impunidad, las que desde su punto de vista están íntimamente relacionadas con el crimen organizado.
“Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción […] La corrupción y la impunidad son endémicas en algunos países de las Américas. Creemos que tenemos que trabajar con nuestros socios para abordar desafíos de gobernanza más amplios”, apuntó Price sobre el tema.
Según el vocero, el primer paso es aliviar “la pobreza y la inequidad” y para ello se deben atacar también otras causas estructurales entre las que se encuentran la “corrupción, la impunidad y el crimen transnacional que a menudo las acompañan”.
Además, reconoció que son éstas unas de las principales razones las que motivan a las personas a migrar de forma irregular.
“Para combatirlas el Gobierno del presidente Biden usará todas las herramientas a su disposición”, afirmó
En cuanto a las estrategias para lograrlo dijo que buscarán socios claves “con la región en general” y con los “países del Triángulo Norte”.
Venezuela, otra prioridad
En cuanto a Venezuela, Price afirmó que la administración Biden apoya las aspiraciones democráticas de ese país y que su objetivo primordial es apoyar una transición democrática pacífica “a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”.
“Sabemos que la raíz de gran parte de la miseria y el sufrimiento del pueblo de Venezuela se encuentra un solo individuo. Hemos tenido muy claro que Nicolás Maduro es un dictador”.
La actual administración, aseveró, se ha comprometido a apoyar a los venezolanos a través de medidas humanitarias y con sanciones a “los funcionarios del régimen involucrados en abusos de derechos humanos y corrupción”.
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