La aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley bipartidista de Protección de Falun Gong supone una nueva atención del país a un abuso de los derechos humanos que muchos legisladores han calificado de barbarie: la sustracción forzada de órganos autorizada a nivel estatal por Beijing.
Se trata del primer proyecto de ley de este tipo que aborda directamente los abusos dirigidos contra los practicantes de Falun Gong, una práctica de meditación centrada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia.
El representante Scott Perry (R-Pa.), principal promotor del proyecto de ley, dijo que se trata del «primer compromiso vinculante del Congreso para emprender acciones legales firmes contra la persecución y la sustracción forzada de órganos de Falun Gong, convirtiendo a Falun Gong en la pieza central de la legislación, una acción largamente esperada después de 25 años».
El proyecto de ley exige el «fin inmediato» de los 25 años de persecución a Falun Gong, al tiempo que proporciona herramientas para que Estados Unidos imponga sanciones.
Según la ley, el presidente tendría que elaborar una lista de personas extranjeras que se considere que «han participado o facilitado de forma consciente y directa la sustracción no voluntaria de órganos» en China.
Las personas incluidas en la lista de sancionados no podrían entrar en Estados Unidos ni realizar transacciones en el país, y se les revocaría la visa que tuvieran en vigor. El proyecto de ley también contempla una sanción civil de hasta 250,000 dólares y una penal de un millón de dólares, además de 20 años de cárcel para los infractores.
También exigiría a los funcionarios estadounidenses que determinen si la persecución de Falun Gong constituye una «atrocidad» en virtud de la Ley Elie Wiesel de Prevención del Genocidio y las Atrocidades de 2018.
El Departamento de Estado, al ser consultado sobre la ley, hizo un llamado al Partido Comunista Chino para que ponga fin a la «depravada» práctica.
«Investigadores, activistas y organizaciones continúan recopilando información que podría implicar a las autoridades de la República Popular China en la sustracción de órganos de donantes no voluntarios, incluidos presos de conciencia y miembros de grupos minoritarios como practicantes de Falun Gong y musulmanes uigures», dijo a NTD un portavoz del Departamento de Estado, utilizando un acrónimo de la República Popular China. NTD es un medio asociado a The Epoch Times.
«Si estas acusaciones se corroboran, constituirían un flagrante abuso de los derechos humanos y una práctica médica notoriamente poco ética».
El portavoz afirmó que Beijing «debe permitir investigaciones independientes y transparentes sobre el sistema de trasplante de órganos del país y debe dar la bienvenida a los observadores independientes para que investiguen la veracidad de estos informes».
David Matas, un abogado de derechos humanos que ha investigado el asunto, estimó en junio que Beijing podría estar obteniendo hasta 9000 millones de dólares al año por este abuso.
The Epoch Times publicó por primera vez la historia de la sustracción forzada de órganos en 2006. Desde entonces, han seguido saliendo a la luz más pruebas de los abusos y de los esfuerzos del PCCh por encubrirlos.
Varios informes recientes de Estados Unidos han destacado el problema de la sustracción forzada de órganos.
El informe anual sobre libertad religiosa del Departamento de Estado citó los relatos de varios practicantes de Falun Gong dados a Minghui, un sitio web estadounidense que documenta la persecución, diciendo que las autoridades chinas les obligaban a someterse a exámenes médicos mientras estaban detenidos y les tomaban muestras de sangre.
El informe sobre la trata de seres humanos también señalaba que Beijing «ha sido acusada de extraer sistemáticamente por la fuerza órganos a presos políticos», y cita una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que se expresaba alarma por los abusos dirigidos contra «minorías étnicas, lingüísticas o religiosas específicas que se encuentran detenidas».
Chen Shih-min, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Taiwán, dijo que el proyecto de ley «una justicia que llega tarde».
«Debido al silencio, el PCCh piensa que no hay consecuencias, por lo que puede seguir haciendo esto», declaró el profesor a The Epoch Times.
Un abogado de derechos humanos en China, que pidió el anonimato, también ve el proyecto de ley como un mensaje.
Para los que tienen las cosas claras dentro del sistema del Partido, es una razón más para que ellos «se mantengan alejados de las acciones malvadas», dijo el abogado a The Epoch Times, añadiendo que «para los que no las tienen, también es un elemento disuasorio».
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