El principal encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, condenó este miércoles el retiro de la nacionalidad de otros 94 nicaragüenses, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
«Condenamos las acciones de hoy del gobierno de Nicaragua de quitarle la nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses», indicó el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un mensaje.
En el mensaje, enviado a los periodistas por la oficina de prensa de la embajada de EE.UU. en Nicaragua, Nichols advirtió que «este acto deplorable aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen».
Las autoridades de Nicaragua despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, con lo que suman 317 en la última semana, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el régimen de Daniel Ortega a territorio estadounidense.
Los otros son los 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado.
En la nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas, además de Ramírez, Belli y el obispo Báez, sobresale el excomandante de la revolución Luis Carrión.
También la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el excanciller Norman Caldera, el exmagistrado sandinista Rafael Solís, el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, el periodista Carlos Fernando Chamorro, entre otros que fueron acusados por delitos considerados «traición a la patria», según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
En la resolución de la dictadura, leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, se ordena además «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos».
Asimismo, fueron inhabilitados de forma «absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente», y declarados prófugos de la justicia, señala la sentencia.
El magistrado Rodríguez dijo que los 94 nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
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