El FBI continua su investigación tanto de exfuncionarios kirchneristas como de sus cómplices y operadores que invirtieron o movieron fondos por Argentina, Estado Unidos, el Caribe, Panamá y Uruguay, señaló el diario argentino La Nación.
Las investigaciones se componen de testimonios, documentos y registros bancarios y societarios, las cuales se encuentran en manos de los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que integran la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos y que están a cargo de la Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.
Las indagaciones vinculadas con Argentina se concentran en Miami y Washington, donde el FBI busca por una parte saber el papel de los funcionarios en la red internacional de los negocios «con dinero sucio» y por el otro comprender cómo se mueven los jueces y fiscales argentinos que también los están investigando o deberían de estar haciéndolo, según confirmó el mismo medio.
«Como premisa general, la decisión es avanzar en silencio mientras se evalúa si avanzan las investigaciones locales y se sanciona a los responsables. Estados Unidos se mantiene a un costado si las instituciones funcionan y solo se involucra si quedan impunes los delitos con ramificaciones en este país», señaló una fuente con conocimiento interno de acuerdo con La Nación.
«¿Cuántos brasileños vio sentados estos años ante una Corte estadounidense? Pocos o ninguno. ¿Por qué? Porque la Justicia brasileña mostró un interés real por avanzar en el Lava Jato. ¿Y cuántos venezolanos afrontan acusaciones en Estados Unidos durante el mismo período? Muchos. ¿Por qué? Por la impunidad reinante en Venezuela», dijo la misma fuente.
El agente especial Jared Randall, es el máximo responsable de las indagaciones sobre Argentina y ahora también se dedica a investigaciones transnacionales sobre sobre corrupción, lavado y otros delitos vinculados a Venezuela.
Entre los nombres principales en las indagaciones del FBI se encuentran Ernesto Clarens y Daniel Muñoz.
Ernesto Clarens fue una pieza clave en el manejo del dinero en la corrupción kirchnerista, señaló La Nación, entregaba los fondos en efectivo, recaudados de las coimas de empresarios, a Daniel Muñoz, fallecido exsecretario de Néstor Kirchner.
Las coimas eran entregadas en euros o dólares a Muñoz, señaló Infobae, quien poseía inmuebles en Miami y Nueva York, de acuerdo con el informe de La Nación.
Durante la argumentación de los procesamientos a los acusados en el caso de Los Cuadernos, el juez Claudio Bonadio señaló que ya fuera para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados «entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos ‘retornos’ o ‘coimas», señaló La Nación.
De esta forma se corroboró que durante el gobierno kirchnerista funcionó «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que fueron comandados por Néstor y Cristina Kirchner», de acuerdo con el mismo medio.
En la investigación del FBI han surgido otros nombres, como el de Gustavo Dorf, quien es señalado como socio de Muñoz en Argentina. Dorf tiene acciones en la firma estadounidense Onyx Protective Group Inc., dueña de de Onyx Armor, una proveedora de telas y chalecos antibalas en los distritos que controló el partido de Mauricio Macri, Cambiemos, entre 2015-2019.
También está Jorge Aidar Bestene, vinculado con Clarens, a quien la Comisión de Valores de Estados Unidos investigó por posible pago de sobornos en negociaciones para el otorgamiento de la concesión del yacimiento petrolífero Cerro Dragón.
Los vínculos de Clarens llegan hasta Venezuela, donde se le relaciona con Juan José Levy quien ya afrontó una investigación judicial Argentina, el abogado Horacio Díaz Sieiro, quien le dio asesoramiento , y al exsecretario privado, José María Olazagasti, del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Olazagasti fue un enlace clave para la diplomacia paralela en Venezuela en el gobierno chavista, según el periódico La Nación.
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