El Gobierno de EE.UU. consideró este jueves «descarada» y «ridícula» la decisión de la Contraloría del régimen de Maduro de intentar inhabilitar para ejercer cargos públicos durante 15 años al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.
«Eso es descarado, eso es ridículo», se limitó a decir el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa.
Esta ha sido la reacción de Washington a la decisión del contralor general del régimen venezolano, Elvis Amoroso, de inhabilitar a Guaidó debido a que supuestamente «ocultó o falseó» datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.
En respuesta, Guaidó ha tildado de «farsa» esa decisión en su contra y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor.
#AHORA @jguaido, presidente (E) de Venezuela responde a Elvis Amoroso sobre su inhabilitación política: «El no es contralor, no existe una constituyente (…) El Parlamento Nacional legítimo es el único que puede designar un contralor» #28Mar https://t.co/0ZsQaGg4rO pic.twitter.com/LJ2paO4zjx
— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 28 de marzo de 2019
«No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor», señaló al recordar que Amoroso fue designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no por la Asamblea Nacional (AN), que es el órgano previsto para ello.
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, sostiene que la única institución legítima de Venezuela es la AN, controlada por la oposición desde enero de 2016 y que el chavismo ha tratado de sustituir con la oficialista ANC.
El Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela condenó asimismo desde Quito la decisión adoptada.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, precisó que el grupo «condena» la decisión de inhabilitar a Guaidó de poder ostentar un cargo público durante tres lustros, que calificó de «decisión política» y precisó que se trata de «otra prueba de la urgencia de la restauración de la democracia, la separación de poderes y el imperio de la ley en el país».
La alta representante de Política Exterior y Seguridad comunitaria manifestó que la decisión estuvo «destinada a socavar la búsqueda para una resolución pacífica y democrática de esta crisis», pero mostró la determinación de los integrantes del GIC para continuar buscando una solución pacífica que pase por la celebración de elecciones libres, creíbles y democráticas.
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