El gobierno federal de Estados Unidos debe entregar más de 12,000 millones de dólares a las compañías de seguros que perdieron dinero al participar en el programa de «corredores de riesgo» de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, según el dictamen de la Corte Suprema.
La decisión desestima a la administración de Donald Trump y a los legisladores republicanos como el senador del Florida, Marco Rubio, quienes han calificado la financiación de los contribuyentes para cubrir el déficit como un rescate para la industria de los seguros. Esto se debe a que el programa de «corredores de riesgo» dio a las aseguradoras participantes un trato especial que limitó su exposición financiera durante tres años a partir de 2014.
El programa se diseñó para estabilizar las primas de seguro de atención médica y subvencionar a las aseguradoras dispuestas a vender un nuevo producto de riesgo, en este caso, un seguro de emisión garantizada, individual y de pequeños grupos que cubriera las condiciones preexistentes.
El entendimiento era que si las primas cobradas en los mercados de atención médica de Obamacare de 2014 a 2016 excedían los gastos médicos de una aseguradora, la compañía devolvería parte de sus ganancias al gobierno. Por el contrario, si las primas no cubrían los gastos, la aseguradora recibiría pagos del gobierno.
Sin embargo, como parte de una reacción contra el Obamacare, el Congreso añadió un texto a los proyectos de ley de apropiaciones en un esfuerzo por impedir al gobierno de hacer pagos. El dinero pagado en el fondo común se agotó rápidamente y el Congreso se negó a compensar la diferencia, por lo que las aseguradoras fueron a la Corte de Reclamos Federales de Estados Unidos. Sus reclamaciones fueron rechazadas más tarde por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal.
Sin embargo el 27 de abril, el más alto tribunal dio el fallo 8-1 por el caso Maine Community Health Options v. U.S., que fue visto el 10 de diciembre de 2019.
La jueza Sonia Sotomayor escribió para los miembros de la corte que en la creación del programa de corredores de riesgo, «el Congreso creó una rara obligación de mandato de dinero que requiere que el Gobierno Federal haga pagos» de acuerdo a una fórmula establecida.
«Entonces al no asignar suficientes sumas para los pagos ya adeudados, el Congreso hizo simplemente eso y nada más: Los proyectos de ley de apropiación no revocaron ni cumplieron con la obligación única [de la ley]», escribió.
«Estas propiedades reflejan un principio tan antiguo como la propia nación: El gobierno debe honrar sus obligaciones», escribió la justicia.
«Poco después de la ratificación, Alexander Hamilton destacó esta idea como piedra angular de la política fiscal. «Los estados», escribió, «que observan sus compromisos (…) son respetados y dan confianza: mientras que de lo contrario son el destino de aquellos … que persiguen una conducta opuesta».
Durante los alegatos orales, el abogado de las aseguradoras, Paul Clement, denunció al gobierno, acusándolo de engaño.
«Este caso implica un enorme engaño del gobierno y la cuestión fundamental de si el gobierno tiene que mantener su palabra después de que sus promesas de dinero hayan inducido a la confianza», dijo.
En la misma audiencia, el procurador general adjunto de Estados Unidos, Edwin Kneedler, respondió diciendo a los jueces que lo que la otra parte describió como una promesa estatutaria de cubrir las pérdidas no tiene sentido si el Congreso no toma medidas.
«La cláusula de Apropiación de la Constitución es central en este caso», dijo, en referencia a la sentencia: «No se sacará ningún dinero del Tesoro, sino como consecuencia de las apropiaciones hechas por la ley».
Obligar al gobierno a pagar a las aseguradoras «impondría a Estados Unidos una responsabilidad sin precedentes de miles de millones de dólares», dijo Kneedler.
Pero en este caso, el estatuto del Obamacare imponía el deber de financiar pagos de corredores de riesgo que el gobierno no puede evitar, según el Tribunal Supremo.
«Los términos sencillos de la disposición sobre corredores de riesgo creaban una obligación que no dependía ni estaba limitada por la disponibilidad de créditos u otros fondos», escribió Sotomayor.
El juez Samuel Alito disintió, escribiendo que las aseguradoras no tenían ningún fundamento legal para demandar. El magistrado advirtió que la opinión mayoritaria podría abrir la puerta a más responsabilidad para el gobierno en el futuro.
«La Corte infiere un derecho privado de acción que tiene el efecto de proporcionar un rescate masivo para las compañías de seguros que tomaron un riesgo calculado y perdieron», escribió.
«Bajo la decisión de la Corte, miles de millones de dólares de los contribuyentes serán entregados a las compañías de seguros que apostaron sin éxito por el éxito del programa en cuestión. Este dinero tendrá que ser pagado a pesar de que el Congreso se ha negado rotundamente a destinar dinero para ese fin».
Muchos estatutos federales contienen frases como «el secretario pagará», que «la Corte interpreta como la creación de una causa de acción», por lo que esta decisión tendrá «un impacto inmediato masivo» con «consecuencias potenciales [que] van mucho más allá», escribió Alito.
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