Estados Unidos desaconsejó este martes viajar a Nicaragua debido a la forma en que el país maneja la pandemia de la covid-19 y la inseguridad ciudadana producto de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde hace tres años.
«No viaje a Nicaragua por COVID-19. Reconsidere viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Actúe con mayor cautela en Nicaragua debido al crimen», indicó el Departamento de Estado de EE.UU. a sus ciudadanos, en un aviso de viaje.
Según las autoridades estadounidenses, no existe un aviso de salud de viajes para Nicaragua sobre la pandemia, debido al «nivel desconocido de la covid-19 en el país».
Dicho desconocimiento se observa en el contraste entre los datos oficiales y los que brindan los médicos sobre la pandemia.
Por un lado el régimen nicaragüense reporta 181 muertos y 6855 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, por otro, el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios, ha informado de 3045 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el covid-19, así como 13,693 casos sospechosos.
Adicionalmente, un estudio de exceso de mortalidad elaborado por el Comité Científico Multidisciplinario reveló que la covid-19 había dejado entre 7600 y 8500 muertos hasta agosto de 2020, cuando el Ministerio de Salud dejó de divulgar los datos oficiales sobre epidemias.
En Nicaragua se aplican las leyes «con fines políticos»
La pandemia también acentuó una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en Nicaragua, como producto de ataques de policías y civiles armados sandinistas contra las personas que se manifiestan contra el líder Ortega, recordó Estados Unidos.
«El Gobierno de Nicaragua aplica arbitrariamente las leyes con fines políticos. En todo Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al Gobierno del presidente Ortega», según el aviso.
Estados Unidos agregó que el régimen (de Nicaragua) y sus grupos afiliados apuntan «sistemáticamente a figuras de la oposición, incluidos exiliados, activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa».
Además indicó que las autoridades nicaragüenses detienen «arbitrariamente a defensores de la democracia», o «impiden que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos».
Las acciones incluyen «confiscar» o «registrar arbitrariamente la propiedad privada, incluidos teléfonos personales y computadoras, en busca de contenido antigubernamental, detener arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos».
«Los viajeros deben tener más precaución y estar alerta a los riesgos de delitos, incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada», señaló Washington, que advirtió que «la mala infraestructura del país limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia».
En días recientes diversos organismos humanitarios reportaron decenas de denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el marco del tercer aniversario del estallido contra Ortega.
El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
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