El Departamento de Estado designó este jueves al congresista de Guatemala Boris España Cáceres por participar en «importantes actos de corrupción».
«Hoy anunciamos la designación pública del congresista guatemalteco Boris España Cáceres, debido a su implicación en importantes actos de corrupción», dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, en un comunicado de prensa el 17 de junio.
«España ha estado involucrado en actos de corrupción, incluidos el soborno y la injerencia en los procesos públicos, que pusieron en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas de Guatemala y la confianza del público guatemalteco en sus representantes», añadió Price.
El departamento también condenó la «historia de impunidad» reflejada en el gobierno de Guatemala, ya que España aún permanece en el cargo a pesar de dichos actos.
Esta designación, dijo Price, «reafirma el compromiso» de EE. UU. combatir la corrupción y la impunidad «que azota» a Guatemala y otras naciones de la región.
«El Departamento utilizará todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo», agregó.
La designación fue auspiciada por la sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados 2021.
Al designar a algún funcionario extranjero bajo la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados 2021, tanto España como su familia directa no son elegibles para ingresar a Estados Unidos.
Los miembros directos de España incluyen a su esposa, Liliana María Umaña Lemus; su hija, Karol Andrea España Umaña; y su hijo menor.
España fue uno de los diputados vinculados al caso «Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo», cuya investigación detalla que los funcionarios recibían dinero en 2014 de la exvicepresidenta Roxana Baldetti para que aprobaran leyes y eligieran magistrados para la Corte Suprema y de Apelaciones.
El año pasado, la fiscalía del país solicitó que se retire la inmunidad parlamentaria para poder seguir con las investigaciones; sin embargo, la Corte Suprema decidió rechazar la solicitud.
España ha sido acusado de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero.
En abril, el Departamento del Tesoro había anunciado sanciones por corrupción contra otros dos funcionarios de Guatemala–Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exjefe de gabinete del entonces presidente Álvaro Colom, y Felipe Alejos Lorenzana, diputado del Congreso.
“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el auto-enriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, señaló la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado de esa entidad.
En ese sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, recalcó en rueda de prensa que la medida no debería suponer un obstáculo para poder «trabajar con Guatemala para mejorar las condiciones y atajar las causas de la inmigración irregular».
Sin embargo, Psaki puntualizó: “No nos vamos a contener cuando las acciones ameriten sanciones, como en este caso».
Asimismo, el secretario de Estado Antony Blinke recalcó en otro comunicado que tales sanciones “apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al flagelo de la corrupción”.
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