EE. UU. destinará fondos para hacer frente a demandas de difamación contra periodistas en el extranjero

Por Alicia Marquez
05 de noviembre de 2021 3:35 PM Actualizado: 05 de noviembre de 2021 3:35 PM

Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda Internacional al Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) lanzará un Fondo de Defensa de la Difamación para ayudar a los periodistas que se encuentran en el extranjero y se enfrentan a demandas «que están diseñadas para disuadirlos de hacer su trabajo», dijo Samantha Power, jefa de la agencia.

«Hoy me complace anunciar una iniciativa que responde a la petición de un grupo de periodistas independientes con los que me reuní durante mi primera semana en USAID», dijo Power este jueves en un evento que se llevó a cabo en la Universidad de Georgetown Washington, DC.

«Resulta que los autócratas y los oligarcas emplean con frecuencia una táctica burda pero eficaz para acabar con las noticias que no les gustan: demandan a los reporteros hasta que éstos abandonan las noticias o abandonan el sector», agregó. Y dijo, «estamos lanzando un Fondo de Defensa de la Difamación global para proteger a los periodistas contra demandas que están diseñadas para disuadirlos de hacer su trabajo».

Samantha Power, también anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa enfocada en Centroamérica, en la que la agencia pretende destinar 300 millones de dólares para trabajar con organizaciones locales de El Salvador, Guatemala y Honduras, lo cual dijo, haría «que la ayuda sea más inclusiva». 

Power dijo que las democracias consolidadas también deben ayudar a establecer reglas de procedimiento globales para las tecnologías de vigilancia y la desinformación digital debido a que los autócratas «son cada vez más hábiles en sus intentos de controlar y manipular a la gente».

«Necesitamos ayudar a respaldar una prensa mundial libre y justa para que los líderes rindan cuentas. Y debemos abordar, con toda la seriedad que exige, el flagelo de la corrupción mundial», agregó.

La jefa de la agencia en el evento destacó que la corrupción «es básicamente un desarrollo a la inversa», ya que «daña el desarrollo económico a largo plazo, ahuyenta la inversión del sector privado, profundiza la desigualdad e incluso daña el medio ambiente como resultado de la tala, la pesca y la contaminación ilícitas». 

Power también dijo que la corrupción «va de la mano de la autocracia, abasteciéndola, porque resulta que quienes centralizan el poder centralizan la riqueza», lo que puede generar la furia de la gente y con ello, que las personas salgan a las calles a manifestarse, y recordó que en el 2019 antes de la pandemia, más de la mitad de protestas que ocurrieron a nivel mundial fueron contra la corrupción, de las cuales 6 llevaron a cambios de gobierno.

A inicios de septiembre, una veintena de exjefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica se pronunció en contra un fallo de la Sala de lo Constitucional del Supremo de El Salvador, que abre la posibilidad de reelección presidencial en el país, y con ello la posibilidad para que el actual presidente Nayib Bukele compita por un segundo mandato en 2024, y exhortaran a la OEA y la ONU frenar este “atentado” contra la democracia que acerca al país a las “dictaduras del siglo XXI”.

Además, el mismo mes, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala emitió una orden de captura en contra del exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval Alfaro, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal. Sandoval, imputó por corrupción en los últimos seis años a más de 250 diputados, funcionarios, empresarios de élite y a expresidentes.

Por otro lado, en octubre, la Misión de la OEA anunció una visita previa a las elecciones generales en Honduras que se celebrarán el próximo 28 de noviembre en ese país, donde se elegirá al sucesor del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ha ejercido durante dos períodos consecutivos. Hernández se presentó a los comicios de 2017 amparado en una interpretación que hizo en 2015 el poder judicial y pese a que la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

Con información de EFE. 

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