Veinte años después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicara sus conclusiones sobre el conflicto peruano, el Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU., una organización independiente, ha publicado documentos desclasificados que detallan la contrainsurgencia del Ejecutivo peruano en el mismo.
Esos papeles, colgados el lunes en su web, reflejan los esfuerzos para proteger de la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad peruanas responsables de «graves abusos de los derechos humanos en ese país».
En uno de ellos, del 3 de octubre de 1984, la Oficina de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado predice que «las fuerzas armadas no parecen capaces de ganar militarmente y pueden verse tentadas de aniquilar físicamente a Sendero Luminoso eliminando a todos los sospechosos de ser miembros o simpatizantes».
El sanguinario conflicto armado interno (1980-2000) desatado en Perú por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) causó unos 69,000 muertos, según el informe final de la CVR.
El Departamento de Estado apuntaba en su nota de 1984 que el Gobierno peruano se encontraba en una posición «difícil»: «Sendero Luminoso es despiadado y no está abierto al diálogo», dice antes de recordar que el expresidente Fernando Belaúnde (1963-1968, 1980-1985) los consideró en un principio «meros delincuentes».
El primer documento desclasificado que facilita el Archivo de Seguridad Nacional data del 3 de mayo de 1981. En él, la CIA rebaja los incidentes de ese momento y considera que no van a llegar a la intensidad de los registrados a mediados de los 60.
Poco más de un año después, el 13 de septiembre de 1982, la agencia de inteligencia predice correctamente que un golpe militar contra Belaúnde es improbable, pero sigue subestimando a Sendero Luminoso cuando recalca que seguramente sería «destrozado» en una confrontación contra el Ejército.
El 24 de mayo de 1988, el documento desclasificado apunta que Armando Villanueva del Campo, por aquél entonces presidente del Consejo de Ministros en el primer Gobierno del aprista Alan García (1985-1990), habría comentado que no le importaba «si el Ejército ejecutaba a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso que capturaba», siempre y cuando dichas ejecuciones se llevaran a cabo «discretamente».
Villanueva también habría prometido que se derrocaría «inmediatamente» cualquier investigación de la oposición sobre el caso Cayara, nombre con el que se conoció a la matanza de al menos 33 campesinos en ese distrito homónimo en el que Sendero Luminoso ejercía su control.
Este pasado 11 de agosto, los militares acusados de ese homicidio fueron condenados a entre 8 y 15 años de cárcel.
El exfiscal Carlos Escobar Pineda, que investigó el caso en un primero momento, solicitó asilo a la embajada estadounidense en Lima y el cable de esa legación apunta que Escobar tenía «esencialmente razón» al afirmar que el Ejército era responsable de esa matanza, lo que hacía considerar que el riesgo de persecución contra él era «alto».
El Archivo de Seguridad Nacional facilitó en total 22 documentos. El relativo a la operación antiterrorista Aries, que data del 29 de abril de 1994, apunta, con datos del Comando Sur de Estados Unidos, que ese despliegue acabó en numerosas bajas civiles y que las tropas mataron y violaron a habitantes de pueblos cercanos a la ciudad de Tingo María.
La organización no gubernamental añade que la reticencia del Ejecutivo peruano a la hora de «disciplinar» a oficiales generó problemas diplomáticos con Washington, y apunta que aunque los peores abusos de derechos humanos se produjeron al principio del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), siguió habiendo después en regiones con una actividad insurgente fuerte.
«Desafortunadamente, la actual crisis política en Perú demuestra que los problemas y la herencia del pasado violento de Perú todavía sigue muy presente hoy», concluye el Archivo, fundado en 1985 por periodistas y académicos.
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