Estados Unidos anunció este martes su decisión de imponer restricciones de viaje a cerca de una docena de personas y a sus familiares inmediatos por «socavar la democracia y el Estado de derecho» en Guatemala.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, no precisó en su comunicado a las personas afectadas, pero sí apuntó que la orden incluye a miembros del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco y a otros actores del sector público y privado.
«Estados Unidos se posiciona junto a aquellos que buscan salvaguardar la democracia» en Guatemala.
Miller subrayó que Washington «rechaza los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica de poder en Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo», y recordó que la Fiscalía, entre otras acciones, ha incautado material electoral que estaba bajo la custodia del Supremo o ha solicitado la evacuación por la fuerza de manifestantes pacíficos.
Ese «comportamiento antidemocrático», según su nota, «socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana», en la que se afirma que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas.
Miller apuntó que Estados Unidos se suma a otras instituciones regionales e internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su llamamiento a «un traspaso de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al Estado de derecho».
Este mismo martes el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró como «inalterables» los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto, en los que resultó electo en segunda vuelta Arévalo de León.
Ese proceso electoral está considerado el más polémico en la historia democrática de Guatemala debido a la judicialización de los comicios y al intento del Ministerio Público (Fiscalía) de revertir los resultados.
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