Estados Unidos incautó el avión de Nicolás Maduro este lunes 2 de septiembre por «violación de leyes de control de exportaciones» por la forma de su adquisición y en concordancia con las «sanciones estadounidenses».
El avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue incautado en República Dominicana y transferido al aeropuerto Fort Lauderdale, en Florida, por solicitud de los Estados Unidos.
“Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó una aeronave que, según alegamos, fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland en un comunicado.
El fiscal precisó que el Departamento «seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
El subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod, aseguró que la incautación envía un mensaje claro al gobierno de Venezuela.
«Las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecerse», dijo Axelrod en el comunicado.
«No importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos”, señaló.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, aseguró que la acción corresponde a una planificación estratégica dentro del control de las exportaciones.
«Esta incautación exitosa fue el resultado de la planificación, coordinación y ejecución por parte del gobierno de los Estados Unidos, con la inestimable asistencia de las autoridades de la República Dominicana», dijo Lapointe.
«Ilustra nuestro compromiso inquebrantable con la aplicación de las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos y la imposición de sanciones estadounidenses por cualquier infracción. (…) Nuestra oficina, junto con nuestros socios en la aplicación de la ley, seguirá trabajando para confiscar este avión y todos los demás activos que eludan la ley”, añadió.
Mientras que el agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, Anthony Salisbury, aseguró que la incautación de la aeronave «Dassault Falcon 900EX» es otra acción importante de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en conjunto con sus socios internacionales «contra las actividades ilegales del régimen de Maduro».
Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Michael McCaul, aseguró que las acciones del gobierno para frustrar las acciones ilegales de gobierno de Venezuela aún son limitadas.
«Si bien acojo con satisfacción los informes de que las fuerzas de seguridad estadounidenses han confiscado el avión de Nicolás Maduro, esto hará poco para frustrar el gobierno corrupto y desestabilizador de su régimen en el país, especialmente mientras la administración Biden-Harris continúe financiando al régimen a niveles que permitirían a Maduro simplemente comprar toda una flota de aviones», dijo McCaul según una publicación de la Mayoría de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en X.
«Ya es hora de que EE.UU. corte todas las líneas de vida para el régimen de Maduro. Y eso empieza por revocar sus licencias petroleras», añadió.
De acuerdo a una investigación estadounidense, personas vinculadas con Maduro adquirieron el avión Dassault Falcon, con matrícula T7-ESPRT a principios de 2023, presuntamente a través de una empresa fantasma con sede en el Caribe. Desde entonces el avión ha transportado a Nicolás Maduro en visitas a otros países y se ha desplazado desde una base militar en Venezuela en beneficio de Maduro y sus representantes.
Sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela
Tras la llegada a la presidencia de Venezuela en 1999, Hugo Chávez instauró una serie de políticas encaminadas a incrementar el gasto social, redirigiendo la renta petrolera hacia la educación, la salud, el empleo, etcétera; abriendo la palabra «socialismo» y mostrándolo como un sueño de emancipación para presuntamente transferirle el «poder al pueblo».
Durante los primeros años de su gobierno, el precio del petroleo mantuvo un crecimiento anual, pero en 2005 empezó a generar un descenso afectando considerablemente a una economía nacional que tenía como principal fuente de ingresos el sector petrolero.
En 2007 el precio del petroleo se cotizó más alto; y Chávez fue reelegido para su tercer mandato bajo la aprobación de una política respaldada por la redistribución de los ingresos del Estado en los sectores sociales, que con el tiempo empezó a causar mayor dificultad para la economía del país.
En 2011, bajo la administración del expresidente Barak Obama, Estados Unidos impuso por primera vez sanciones a la administración de Hugo Chávez, dirigidas a la empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), tras acusar a cuatro funcionarios venezolanos de proveer de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En 2013, Venezuela se vio afectada nuevamente por una abrupta caída de la industria petrolera, seguida de la muerte de Hugo Chávez, quien se preparaba para su cuarto periodo de gobierno.
En marzo de 2013, Nicolás Maduro comenzó su mandato de forma interina y fue ratificado en abril del mismo año tras unas elecciones presidenciales que la oposición calificó de fraudulentas.
En diciembre de 2015, bajo la administración del expresidente Barak Obama, Estados Unidos impuso una nueva sanción, esta vez a la administración de Maduro, por erosionar la garantía de los ciudadanos de los derechos humanos y la libertad de prensa, por la detención arbitraria de opositores y el uso de violencia.
Dicha orden bloqueó la entrada a Estados Unidos de los miembros del gobierno venezolano o a cualquier persona que directa o indirectamente socave los procesos democráticos o derechos humanos, salvo autorización de la Secretaría de Estado, y bloqueó las propiedades que estos pudieran tener en Estados Unidos, además de restringir cualquier transferencia, donaciones o pagos que ellos intenten realizar.
En 2017, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, quien emitió una serie de sanciones adicionales fundadas principalmente en la situación de orden político, social y económico de Venezuela.
En agosto de 2017, tras el establecimiento de una Asamblea Constitucional ilegítima en Venezuela, Estados Unidos prohibió transacciones de personas o empresas que se encuentren en Estados Unidos con la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, la compra de bonos y pago de utilidades o dividendos directa o indirectamente a Venezuela.
En marzo de 2018, tras la creación de la moneda digital de la administración venezolana, presuntamente como un intento de evadir las anteriores sanciones impuestas, Estados Unidos prohibió las transacciones o financiamiento de dicha moneda digital a personas estadounidenses o que se encuentren en Estados Unidos.
En mayo de 2018, Estados Unidos prohibió a los estadounidenses o cualquier persona en Estados Unidos la compra de cualquier deuda a Venezuela y cualquier participación accionaria de cualquier entidad en la que la administración de Venezuela tenga una participación superior al 50%.
En noviembre de 2018, Estados Unidos prohibió a los estadounidenses o empresas en Estados Unidos realizar transacciones relacionadas con el sector oro de la economía venezolana y bloqueó cualquier transacción relacionada con prácticas engañosas y de corrupción de proyectos o programas gestionados por la administración de Maduro.
En enero de 2019, Estados Unidos aclaró que para las órdenes impuestas anteriormente se entiende por «régimen» o «gobierno de Venezuela» al Estado de Venezuela y cualquier subdivisión política, agencia, Banco Central de Venezuela y PDVSA y cualquier persona que haga parte o que esté controlada directa o indirectamente por la administración de Maduro.
En agosto de 2019, Estados Unidos bloqueó todas las propiedades e intereses de la administración de Venezuela en Estados Unidos y prohibió cualquier tipo de transacción con este.
En septiembre de 2023, Estados Unidos levantó varias sanciones sobre el petróleo y el gas por seis meses después de que el chavismo y la oposición del país acordaran la supervisión internacional de las elecciones presidenciales programadas para 2024.
Sin embargo, en enero de 2024, Estados Unidos volvió a imponer las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, luego que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación de la candidata presidencial, María Corina Machado.
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
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