El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy que no reconocerá la «toma de posesión ilegítima de la dictadura» del presidente venezolano Nicolás Maduro, a la vez que incrementará su presión sobre ese «régimen corrupto».
«Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro«, aseguró John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un mensaje en su cuenta de Twitter, sobre la jura hoy del mandatario venezolano de su nuevo mandato hasta 2025.
Bolton subrayó que el Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, «continuará aumentando su presión sobre el régimen corrupto, respaldando la Asamblea Nacional democrática, y exigiendo democracia y libertad en Venezuela».
Por su lado, Mike Pompeo, secretario de Estado, subrayó en un comunicado paralelo que «es hora de que Venezuela comience un proceso de transición que pueda restaurar el orden democrático y constitucional a través de la celebración de elecciones justas y libres que respeten la voluntad del pueblo venezolano».
De este modo, Washington se suma a la Unión Europea (UE) y al llamado Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, en repudio a la toma de posesión de Maduro.
México, aunque solo envió a la investidura a un encargado de negocios, se desmarcó del Grupo de Lima, cuyos otros trece países denunciaron, en una declaración, que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en Venezuela «carece de legitimidad».
Maduro juró hoy su nuevo mandato acompañado solo por cuatro jefes de Estado de países latinoamericanos: el boliviano Evo Morales, el nicaragüense Daniel Ortega, el cubano Miguel Díaz-Canel y el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén.
Desde la llegada a la Casa Blanca de Trump en enero de 2017, el Gobierno ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a Caracas, entre ellas al propio Maduro, su esposa Cilia Flores, y altos cargos del gobierno chavista.
Entre los sancionados, se encuentran la excanciller y actual vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez; el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; el titular de Defensa, Vladimir Padrino López; y Rafael Sarria, considerado testaferro principal del jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.
En noviembre, Bolton pronunció un contundente discurso en Miami en el que prometió trabajar para que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que bautizó como la «troika de la tiranía«, «caigan» y alentó a otros países a contribuir a que cubanos, venezolanos y nicaragüenses se libren de la «opresión».
Dos meses antes, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, Trump pidió ayuda internacional para «restaurar la democracia en Venezuela» y calificó la crisis en el país caribeño como una «tragedia humanitaria«.
El mandatario ha llegado a asegurar que no descarta una intervención militar internacional ante el deterioro de la situación.
Venezuela sufre una profunda recesión económica y ha caído en una espiral de hiperinflación, con una estimación para el cierre de 2018 de 1.000.000 % de subida de precios.
Esta dramática situación ha obligado a millones de venezolanos a emigrar a otros países vecinos, como Brasil, Colombia o Perú.
Según cálculos de la ONU, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país por la crisis sociopolítica y, de ellos, cerca de un millón se han instalado en Colombia, adonde unos 35.000 venezolanos cruzan cada día, muchos en busca de bienes de primera necesidad y otros para emigrar de forma definitiva.
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