El Gobierno de Donald Trump exigió hoy a México redoblar sus esfuerzos para reducir el flujo de indocumentados que llegan a la frontera común, pero el Ejecutivo mexicano defendió que el descenso en el tránsito migratorio ya es «irreversible» y opinó que Washington está «lejos» de retomar su amenaza de aranceles.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió en la Casa Blanca con una delegación liderada por el vicepresident, Mike Pence, y conversó luego con el presidente, Donald Trump, para revisar los avances del acuerdo migratorio alcanzado en junio, por el que Washington retiró su amenaza de aranceles a México.
«México planteó que la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley. Se ha observado un descenso significativo», afirmó Ebrard en una conferencia de prensa después del encuentro.
«La tendencia es irreversible, es algo que pensamos que va a ser permanente», subrayó.
El acuerdo migratorio alcanzado en junio establecía un periodo de revisión de 90 días, que concluyó este mes, para que ambas partes evaluaran la efectividad de lo acordado, y Washington se reservaba el derecho a reactivar su amenaza arancelaria si no estaba satisfecho tras ese periodo.
Sin embargo, Ebrard aseguró que el tema de los aranceles no se trató en el encuentro de hoy y que, aunque esa posibilidad «depende de la voluntad del Ejecutivo de Estados Unidos», ahora está «lejos».
«El riesgo de una confrontación entre México y EE.UU. cada vez está mas lejos», recalcó.
La versión estadounidense fue menos rotunda, aunque también positiva: en un tuit, Pence describió el encuentro como «productivo» y agradeció el trabajo de México, pero insistió en que tanto ese país como el Congreso de EE.UU. tienen aún «más trabajo que hacer para asegurar de una vez por todas la frontera» común.
Pence subrayó, en particular, la «necesidad de trabajar con el Gobierno de México para ampliar» la aplicación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), y ambos Gobiernos «accedieron a implementar» esa medida «hasta el máximo extremo», indicó en un comunicado la oficina del vicepresidente estadounidense.
La política de PPM, más conocida como ‘Permanezcan en México’, permite a Washington devolver al país vecino a los solicitantes de asilo que llegan a su frontera sur, para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EE.UU.
Esa iniciativa comenzó a aplicarse este año en tres puntos de entrada de la frontera, y en junio, México accedió a expandir la implementación del programa a lo largo de toda la zona limítrofe.
Bajo el programa, Estados Unidos ya ha devuelto a México este año a más de 42.000 inmigrantes, y el mecanismo ha generado críticas por la dificultad de los abogados estadounidenses para defender a quienes están fuera del país y por los peligros que pueden enfrentar los indocumentados que esperan en estados mexicanos como Tamaulipas.
Estados Unidos no ha aclarado cómo quiere que se expanda aún más ese programa, y Ebrard tampoco hizo comentarios al respecto.
La conversación entre Trump y el ministro mexicano duró, según Ebrard, unos «diez minutos» y se produjo al término del encuentro con Pence, al que también asistieron el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo; el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan; y el yerno del presidente, Jared Kushner.
«(Trump) fue, diría yo, bastante amable, positivo, agradecido con México, es lo que me dijo», relató Ebrard.
Durante el encuentro, Trump preguntó a McAleenan por la posibilidad de convertir a México en un «tercer país seguro», algo que permitiría a EE.UU. rechazar a los solicitantes de asilo si no piden primero refugio en territorio mexicano.
McAleenan se mostró a favor, pero Ebrard dejó claro que «México no considera» esa medida como una opción y no tiene «autorización del Senado» mexicano para implementarla, según explicó.
Antes de la reunión, el canciller mexicano adelantó en Twitter que la prioridad para México sería «congelar el tráfico ilícito de armas» de Estados Unidos a su país.
Tras el encuentro, Ebrard explicó que en junio ya había acordado con Washington la creación de un «grupo binacional» dedicado a ese tema, que comenzará la semana que viene sus trabajos en México con la presencia del embajador estadounidense en el país, Christopher Landau.
«El objetivo es saber cuántas armas al mes registramos que provienen ilícitamente de EE.UU., hacer un ‘trace’ (seguimiento) para ver quien las vendió. Ese trabajo, que yo sepa, nunca se ha hecho», indicó el ministro.
El 70 % de las armas involucradas en crímenes en México y recuperadas por las autoridades entre 2011 y 2016 procedían de Estados Unidos, según datos oficiales estadounidenses.
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