El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó este lunes nuevas acusaciones en el escándalo de corrupción que estremeció a la FIFA que incluyen a dos exejecutivos del conglomerado 21st Century Fox, la compañía española Imagina Media Audiovisual y la uruguaya de márketing Full Play Group.
El Gobierno presentó 53 nuevos cargos en la Fiscalía federal para el este de Nueva York, en Brooklyn, donde se ha llevado a cabo todo el proceso relacionado con el ‘FIFAgate’, el escándalo de corrupción más grande de la historia del fútbol, contra Hernán López y Carlos Martínez, exejecutivos de la compañía estadounidense Fox.
También contra Gerard Romy, ex copresidente de Imagina Media Audiovisual, todos por fraude electrónico, blanqueo de dinero y otros delitos relacionados, según un comunicado de la Fiscalía.
Romy y Full Play fueron acusados además de conspiración de crimen organizado, tras una extensa investigación del Gobierno de EEUU y enjuiciamiento por corrupción en el fútbol organizado, que se ha extendido durante varios años.
Las acusaciones incluyen nuevos cargos contra otros acusados en este proceso judicial que aún no han podido ser extraditados, de acuerdo con el comunicado.
Indica además que está previsto que se presenten las acusaciones formales contra López, Martínez y Full Play el próximo 9 de abril ante la jueza Pamela K. Chen, de la Fiscalía federal en Brooklyn.
De acuerdo con la Fiscalía, según se establece en la acusación, los nuevos acusados usaron sus posiciones en el mundo del fútbol internacional para participar en planes que implican la solicitud, oferta, aceptación, pago y recepción de sobornos, principalmente para obtener derechos de transmisión lucrativos para varios torneos y eventos internacionales de fútbol.
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La acusación cita que López y Martínez, responsables del desarrollo y la realización de los negocios de transmisión para Fox en América Latina, se unieron a Full Play y otros conspiradores en un plan que implicó el pago anual de millones de dólares en sobornos a funcionarios de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), a cambio de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, entre otros eventos.
Añade que López y Martínez confiaron en la lealtad asegurada mediante el pago de sobornos a ciertos funcionarios de la Conmebol para obtener incluso información confidencial de licitación para los derechos de transmisión en Estados Unidos de los Mundiales de 2018 y 2022, derechos que Fox obtuvo con éxito.
De Romy, indica que era un ejecutivo de alto rango y accionista de Imagina, un conglomerado multinacional de medios privados con sede en Barcelona y filiales en todo el mundo, incluso en este país.
Igualmente, la acusación señala que Romy participó en estrategias para pagar millones de dólares a funcionarios de alto rango de la Unión de Fútbol del Caribe (CFU) y de federaciones dentro de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), que operan bajo la Concacaf, para asegurar los derechos de transmisión de las eliminatorias mundialistas.
En relación con el esquema de CFU, Romy y sus conspiradores presuntamente acordaron pagar a Jeffrey Webb, un alto funcionario de la CFU y el presidente de Concacaf, un soborno de tres millones de dólares.
El presunto soborno fue a cambio de una parte del contrato para los derechos de comercialización de los partidos clasificatorios de la Copa Mundial de la CFU para el 2018 y 2022, de acuerdo con las autoridades.
En cuanto a Full Play, empresa uruguaya con sede en Argentina y propiedad de los acusados Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis, participó presuntamente en numerosas estrategias para pagar sobornos a funcionarios de la Conmebol y la Concacaf también a cambio de los derechos de márketing para varios eventos, incluyendo eliminatorias del Mundial y partidos amistosos.
De acuerdo con la Fiscalía ambos acusados no han sido arrestados.
«Los cargos revelados hoy reflejan el compromiso continuo de esta oficina de erradicar la corrupción en los niveles más altos del fútbol internacional y en las empresas dedicadas a promover y transmitir el deporte», indicó en el comunicado el fiscal federal para el este de Nueva York, Richard P. Donoghue.
«Tanto las empresas como las personas deben comprender que, independientemente de su riqueza o poder, serán llevados ante la justicia si utilizan el sistema financiero de los EE.UU. a fines corruptos», afirmó.
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