El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo este miércoles que su país apoya unas reformas al sistema electoral en Nicaragua que garanticen el próximo año unos comicios «legítimos» en este país centroamericano.
Kozak dijo en conferencia de prensa telefónica con periodistas en Managua que al igual que Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), tienen interés en reformas de ley que ofrezcan condiciones aceptables para el proceso electoral previstos para el 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua.
«En octubre la OEA aprobó una resolución que pedía la restauración de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y el orden constitucional de Nicaragua, para que tengan elecciones inclusivas, libres y justas. La Unión Europea aprobó una resolución igual», sostuvo.
El pasado 21 de octubre, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución en la que exigen al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reformar el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de 2021.
Kozak observó que Ortega, cuyos legisladores incumplieron su promesa de cambios a la Ley Electoral en los primeros tres meses de 2020, no tiene tiempo ilimitado para actuar, lo que coincide con el plazo otorgado por la OEA, que vence el 21 de mayo próximo.
«En la medida en que estamos mirando las elecciones presidenciales (de Nicaragua), el espacio del régimen de Ortega para promulgar reformas se va cerrando. Estados Unidos está listo para poner presión e instaurar las reformas que se merece la gente», anotó.
«Herramienta de represión»
Por otro lado, el representante estadounidense advirtió sobre los efectos de la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, que recién aprobó la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional, llamada por la oposición de Nicaragua como «Ley Putin», y que obliga a que toda persona que recibe fondos del exterior se registre ante el régimen y brinde informes periódicos de sus gastos, salvo algunas excepciones.
«Los críticos de la ley están de acuerdo en que su verdadera intención es bloquear a los candidatos de oposición para las elecciones de 2021, es más, esta ley tendrá un efecto paralizador de la sociedad civil», sentenció.
También hizo referencia a la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada en Nicaragua «Ley Mordaza» porque castiga cualquier mensaje que las autoridades consideren como amenaza, para afirmar que «el lenguaje ambiguo de estas leyes deja al régimen todo el espacio para utilizarlo como herramienta de represión».
«Estas leyes son barreras a la participación democrática, en un tiempo en que la nación se prepara para las elecciones presidenciales de 2021», consideró.
Según Kozak, Nicaragua está «sufriendo por una calamidad política creada por el hombre», y en ese sentido señaló a Ortega como el responsable de enviar «matones armados para reprimir violentamente las manifestaciones públicas, por encerrar a «más de 100 presos políticos», y por los «más de 100,000 nicaragüenses (que) han tenido que huir al exilio» en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Señalamiento de «terrorismo» es ridículo
Asimismo, recordó que EE.UU. «ha sancionado a 24 miembros del régimen corrupto de Ortega y a nueve entidades que el régimen ha utilizado para representar a sus ciudadanos, y seguiremos utilizando estas y otras herramientas a nuestra disposición para buscar las reformas electorales para el pueblo nicaragüense, y que pueda soltar a los prisioneros políticos de Nicaragua».
El funcionario también llamó «ridículo» el planteamiento de Ortega, quien ha afirmado que Estados Unidos financia a «terroristas» para sacarlo del poder.
«Es ridículo, ellos (Ortega) consideran toda crítica pacífica de oposición como terrorismo, crimen de odio, y están tratando de penalizarlo con sentencias contra la libertad de expresión, obviamente esa afirmación no es cierta», respondió.
Antes de finalizar, Kozak recordó que en las elecciones de 2011 Ortega «tuvo la oportunidad de hacerlo todo bien», pero que al ser reelegido «de una manera falsa» perdió legitimidad, la misma que le faltó para controlar las manifestaciones de 2018 en su contra, que dieron paso a una crisis que no se observaban en Nicaragua desde la primera vez que el exguerrillero gobernó al país (1979-1990).
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