Los crecientes niveles de impunidad y violencia en México tienen en alerta a las autoridades de Estados Unidos.
Estados Unidos decidió prolongar hasta 2025 uno de sus planes de ayuda a México que sirve para fortalecer a las instituciones judiciales estatales, dados los crecientes niveles de impunidad y violencia en el país, según un reporte de la Secretaria de Gobernación de México y el Instituto Nacional de Migración.
La ayuda, de parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), va dirigida al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) de México. El informe indica que se asignará un contrato de entre 23 y 33 millones de dólares, con vigencia de cinco años, a una consultora que ayude a incrementar la efectividad del NSJP a nivel local en seis estados de México.
“Pese a la adopción de amplias reformas legales, la combinación de inseguridad extrema para los ciudadanos en todo el país, altos niveles de impunidad, continuos abusos a derechos humanos y debilidad institucional persistente, han resultado en un sistema de justicia que, en muchas instancias, no logra ser efectivo en proteger a las víctimas y aplicar el debido proceso”, explican las bases de la convocatoria de USAID publicada el 16 de diciembre pasado, según el reporte de la Secretaría de Gobierno.
“Subyacente a la violencia creciente es un nivel de impunidad extraordinariamente alto”, agregan.
En diciembre, USAID advirtió que tenía informes que advertían que 2019 sería el año más violento de que se tenga registro en México, lo cual se confirmó en las cifras de homicidios publicadas esta semana, indicó la Secretaría.
En la Ciudad de México se registraron más de 2000 homicidios, 175 secuestros y más de 100,000 robos, informó El Universal.
Según la Secretaría, en la convocatoria a la consultora que prestará su apoyo en México, se lee que las “noticias casi semanales de homicidios, secuestros, ejecuciones, desapariciones forzadas y fosas masivas, socavan aún más la confianza de los ciudadanos en el Gobierno”.
“El problema lo exacerba la naturaleza aislada de las instituciones de justicia, es decir, el aislamiento entre fiscales, forenses, policías, jueces y defensores públicos”.
La consultora ganadora prestará servicios a seis estados de su elección, de una lista de 14 e incluyendo la capital.
USAID busca que los crímenes sean perseguidos y juzgados, enfatizando delitos con penas de más de tres años de cárcel, así como generalizando el uso de medios alternos para resolver disputas y declaraciones negociadas de culpabilidad.
Por las mismas razones de inseguridad, añade el informe, en octubre de 2019 USAID extendió hasta julio de 2020 el contrato principal del programa PROJUST, que desde julio de 2014 ejecuta la firma Management Systems International (MSI). El contrato original era por 68.2 millones de dólares, pero la extensión le agregó 4 millones, con la aclaración de que MSI operaría con menos personal y enfocada en solo tres componentes de PROJUST, que son parecidos a los del nuevo contrato.
Además de estos proyectos, en mayo de 2019 se otorgaron hasta 10 millones de dólares para mejorar oficinas de defensores públicos, unidades de medidas cautelares y comisiones de atención a víctimas.
Según USAID, algunos de los logros indican que «en los estados en los que USAID tiene mayor tiempo trabajando, las tasas de detención preventiva han disminuido sustancialmente, en algunos estados en más de un 25 por ciento».
«En un estudio reciente de la implementación de la reforma de justicia en los estados que han recibido apoyo de USAID durante mucho tiempo, refleja que el 100 por ciento de las audiencias observadas fueron presenciadas por jueces, fiscales y abogados, mientras que bajo el viejo sistema el juez no estaba presente en las audiencias iniciales en el 70 por ciento de los casos».
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