El presidente estadounidense, Joe Biden, renovó este jueves una orden ejecutiva emitida en el 2018, que declara a Nicaragua como una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.».
El mandatario demócrata prorrogó la orden tras valorar que la situación en Nicaragua, “incluyendo la respuesta violenta de parte del gobierno de Nicaragua a las protestas que iniciaron el 18 de abril de 2018” continúan en el país centroamericano.
Además, Biden señala que el continuo y sistemático desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas, así como «su uso de violencia indiscriminada y tácticas represoras contra civiles», continúa planteando una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.
En base a esto, el presidente Biden anteriormente había emitido un decreto para tomar acciones adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada por Washington, como sanciones a diferentes rubros que financian a la administración de Ortega.
El oro fue el primer rubro sancionado por Washington tras esta medida, el 25 de octubre.
El régimen de Daniel Ortega, señalado de graves violaciones a los derechos humanos, ha reaccionado en diferentes ocasiones a las medidas de Washington y las ha tildado de absurdas.
Sobre las sanciones contra su administración, ha indicado que son un aliciente para la masiva migración de nicaragüenses. “Sigan poniendo sanciones e irán más inmigrantes hacia Estados Unidos”, señaló Ortega durante el 43 aniversario del Ministerio de Gobernación, en octubre de 2022.
Durante el año fiscal 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró detenciones de 164,600 nicaragüenses que huyeron de la crisis política en este país centroamericano.
Nicaragua vive una crisis política desde el año 2018, tras manifestaciones contra el líder Ortega, que retornó al poder en 2007.
Las protestas fueron reprimidas con violencia, según organismos de derechos humanos, que contabilizan más de 300 personas asesinadas, entre ellos estudiantes, activistas de derechos humanos y personas de la sociedad civil.
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