Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios de El Salvador por su participación en actos de corrupción, según informó el miércoles el Departamento del Tesoro.
Los nombres designados bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos son los del viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Osiris Luna Meza, y el director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
Luna y Marroquín «son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno», dice el comunicado del Departamento.
EE. UU. además asegura que durante la pandemia generada por la propagación del COVID-19, Luna negoció un acuerdo con líderes de pandillas de la MS-13 y Barrio 18 «para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas por las pandillas».
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Dpto. del Tesoro de los EE.UU. designó a Osiris Luna Meza, Carlos Amílcar Marroquín Chica y Alma Yanira Meza Olivares bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos. https://t.co/tWPqKW8Ym8
— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) December 8, 2021
Por otra parte, señala que Luna participó en un plan para «robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19».
Estos artículos, según el comunicado, «fueron transferidos a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al Gobierno» y que, incluso, la madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares (Meza), participó como negociadora en algunas de estas transacciones.
Entre otros temas, dice el Departamento, Luna y su madre participaron de un plan para «malversar millones de dólares del sistema de comisaría penitenciaria de El Salvador» y crearon puestos de trabajo no legales en el sistema penitenciario, en «los que supuestos “empleados” recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Meza».
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