El Gobierno de EE.UU. sancionó este viernes a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, a Paul Oquist, secretario privado para Políticas Nacionales del régimen de Ortega, así como a la Caja Rural Nacional (Caruna) por «permitir y beneficiarse de las actividades represivas» del Ejecutivo liderado por Daniel Ortega.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que las sanciones a Guido y Oquist «promueven la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de aquellos que están intentando promover sus actividades atroces», mientras que la designación de la cooperativa Caruna «bloquea otra herramienta» del régimen nicaragüense.
Pompeo acusó a Guido «de haber ayudado a crear un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional Nicaragüense sancionada por EE.UU. para inventar casos contra prisioneros políticos».
Asimismo, aseguró que Guido creó una unidad especializada «que ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra manifestantes pacíficos».
En cuanto a Oquist detalló que «juega un papel principal en el encubrimiento y justificación de los delitos del régimen y abusos de derechos humanos».
El secretario de Estado señaló que Caruna es «una cooperativa de ahorros y préstamos que opera como la principal herramienta del régimen de Ortega para canalizar los ingresos procedentes de las argucias concesionarias de petróleo de Nicaragua con Venezuela para usarlo como un recurso para compensar la red patrocinadora de Ortega».
Pompeo subrayó que «EE.UU. continuará adoptando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y permita las condiciones para unas elecciones libres y justas que restauren la democracia en Nicaragua».
Con estas designaciones quedan bloqueadas todas las propiedades o activos que tengan los sancionados en EE.UU. o bajo el control de estadounidenses, y se prohíbe cualquier transacción con ciudadanos de este país.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce solo 200.
La Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene abierto un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, por «rompimiento del orden constitucional», que de aplicarse, suspendería al país como miembro del organismo.
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