Estados Unidos sancionó el jueves 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, a más funcionarios nicaragüenses y sus familiares por supuestos actos ilícitos.
El Departamento de Estado de EE.UU. a través de un comunicado explicó que estas acciones forman parte del compromiso que tiene el país de “elevar la lucha contra la corrupción como una prioridad central de seguridad nacional y un pilar clave de la Cumbre para la Democracia”.
Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del Gobierno de Nicaragua, es acusado por el Departamento de Estado de «aceptar un soborno monetario a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega-Murillo”.
Las sanciones del Departamento de Estado prohíben la entrada a Estados Unidos al funcionario Moncada Lau, a su esposa Lydia Vargas de Moncada y a sus familiares, Ernesto David Moncada Solís, Allan Roberto Moncada Vargas, Néstor José Moncada Vargas y Lidia Mercedes Moncada Vargas, detalla el comunicado.
En 2018, Néstor Moncada Lau también fue designado por el Departamento de Hacienda por su supuesto “papel en la corrupción en apoyo al régimen de Ortega-Murillo”, recordó el Departamento de Estado este jueves, al tiempo que justificó que estas “designaciones se hacen bajo la Sección 7031 de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021”.
Además del asesor de seguridad nacional del gobierno de Daniel Ortega, también fueron sancionados otros nueve funcionarios públicos de Colombia, Guatemala, El Salvador, Angola, Liberia y Ucrania, quiñes son acusados por el Departamento de Estado de supuestos actos de corrupción.
Oficialmente el Gobierno de Nicaragua no ha reaccionado a estas nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos. Sin embargo, este martes la vicepresidenta y primera dama exigió a la comunidad internacional suspender las medidas, las cuales califica como “coercitivas e ilegales que van contra las cartas internacionales”.
La administración de Daniel Ortega ha responsabilizado a la oposición nicaragüenses de ser los responsables de las sanciones que Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han impuesto a más de 30 funcionarios, a quienes señalan de cometer supuestos actos de “corrupción, violaciones a derechos humanos y fraudes electorales”.
De hecho, más de 40 opositores han sido arrestados en lo que va del año bajo la Ley 1055, mejor conocida como Ley de Soberanía, aprobada en diciembre del año pasado, la cual establece cárcel a cualquier ciudadano nicaragüense que solicite o celebre sanciones internacionales contra Nicaragua.
Este jueves la primera dama en su acostumbrada alocución con medios oficialistas calificó a los opositores como “emisarios”, “mandamases de agentes extranjeros” y “mandamases de los imperios”, por considerar que la disidencia representa los intereses de la comunidad internacional.
Aunque la oposición respalda las sanciones que la comunidad internacional impone a funcionarios de la administración Ortega Murillo, insiste en aclarar que no han sido por petición de sus organizaciones, sino porque hay informes de organismos que indican que estos funcionarios sancionados “han cometido violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y fraudes electorales”.
“Nosotros no somos agentes extranjeros de ningún Gobierno, nosotros estamos representando las demandas de la ciudadanía que demanda cambios en el país”, manifestó en entrevista a la Voz de América, María Laura Alvarado, dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), quien se encuentra exiliada en Costa Rica.
“Ellos pretenden hacer creer que las sanciones afectan a la ciudadanía, cuando en realidad estas sanciones son individuales a funcionarios específicos», dijo Alvarado. «[Murillo] no va aceptar nunca la responsabilidad que este gobierno ha tenido dentro de esta crisis y siempre achacará a la oposición como responsable del deterioro institucional y democrático”, añadió.
La subsecretaria adjunta de la Oficina del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Emily Mendrala, anunció este jueves en una rueda de prensa en San José, Costa Rica que mantendrán las sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega y seguirán presionado que al país retorne a la democracia.
“Estamos comprometidos a promover la democracia en Nicaragua y parte de eso es utilizar las herramientas que tenemos, económicas y diplomáticas y hacerlo coordinado con otros actores en el mundo que también tienen un compromiso con la democracia”, dijo la funcionaria norteamericana.
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