El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este viernes a la minera estatal nicaragüense Eniminas para reducir los ingresos del régimen de Daniel Ortega por exportación de oro, en represalia por su acercamiento a Rusia y el encarcelamiento de líderes opositores.
A raíz de estas sanciones, queda congelada cualquier propiedad de la compañía y de su director, Ruy López, en Estados Unidos, y se les prohíbe cualquier tipo de transacción económica bajo legislación estadounidense.
El Tesoro denunció en un comunicado que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, están «estrechando su relación con Rusia mientras sigue la guerra contra Ucrania» y usan los ingresos de la minera para «seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua».
«A medida que el régimen de Ortega y Murillo se involucra cada vez más con Rusia y llena sus arcas con grandes ingresos del sector del oro nicaragüense, el régimen da la espalda al pueblo», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, autorizó el martes el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves rusas, a petición de Ortega, para participar en operaciones en el Caribe y el Pacífico.
El Tesoro también señaló que durante el período electoral de noviembre pasado, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato, su régimen emprendió el «encarcelamiento arbitrario de la oposición, la ilegalización de partidos políticos, el cierre de medios de comunicación y abusos contra la sociedad civil».
La Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) fue creada en 2017 por el régimen de Ortega para controlar el sector minero y regular la extracción del oro, y gran parte de sus beneficios han acabado en manos de miembros del régimen, según apuntó el Tesoro.
De acuerdo con la misma fuente, las exportaciones de oro de Nicaragua a Estados Unidos aumentaron un 30 % en 2021, con más de 744 millones de dólares.
El pasado lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. impuso restricciones de visados a cerca de un centenar de cargos públicos de NIcaragua, desde miembros del Ministerio del Interior hasta legisladores de la Asamblea Nacional, pasando por jueces y fiscales.
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