La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictó el jueves sanciones contra tres personas y ocho entidades no estadounidenses, “por estar relacionadas con una red que intenta evadir las sanciones de EE.UU. al sector petrolero de Venezuela”.
Según el despacho, el régimen de Nicolás Maduro usó Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), con su ministro Tareck El Aissami Maddah al frente, para crear una red que les permitiera “negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo para beneficiarse de los ingresos”.
«El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto ahora», dijo el subsecretario del departamento Justin G. Muzinich.
Las personas y entidades, con sede en México, designadas hoy son: Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza, Verónica Esparza García, Libre Abordo, S.A. y Schlager Business Group S., así como otras entidades adicionales controladas por éstos.
Por ello, informa la OFAC, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en EE.UU. o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados.
El Tesoro cita al recientemente detenido por Interpol, el ciudadano de origen colombiano Alex Nain Saab Moran, quien -junto con Leal- ha sido acusado por Estados Unidos por evadir las sanciones con la venta de petróleo crudo de origen venezolano.
Uno de los esquemas recientes de Saab y Leal, refiere el Tesoro, fue disfrazado de un programa de «petróleo por alimentos» que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela.
A tenor de las designaciones del tesoro, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en un comunicado el mismo jueves en la tarde: “La acción de hoy es otra advertencia de que cualquier persona o empresa que facilite este robo ya no disfrutará de acceso al sistema financiero de EE.UU.”.
Pompeo aseguró que “El régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela”.
Los encartados
Libre Abordo tiene su sede en Ciudad de México y no tenía experiencia previa en el sector petrolero mundial antes de firmar un acuerdo con el régimen de Venezuela y Pdvsa.
Por ventas vinculadas con suministrar maíz y camiones cisterna a Venezuela, Libre Abordo habría acordado negociar la venta de petróleo crudo de origen venezolano suministrado por PdVSA en un esquema orquestado por Saab y El Aissami.
Otra entidad acusada es Schlager Business Group, una filial de la misma Libre Abordo con sede también en Ciudad de México.
Olga Maria Zepeda Esparza, de nacionalidad mexicana, y su madre, Veronica Esparza García, son copropietarias de Libre Abordo y controlan Schlager Business Group.
Leal, afirma la OFAC, “es el conducto principal entre Libre Abordo, Schlager Business Group y sus propietarios, y Pdvsa y Saab”.
La OFAC designó a El Aissami el 13 de febrero de 2017 como “un narcotraficante especialmente señalado, de conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes extranjeros».
Otras designaciones refieren a Delos Voyager Shipping Ltd, empresa propietaria registrada del petrolero de bandera panameña Delos Voyager; Romina Maritime Co. Inc, propietaria registrada del buque petrolero de bandera liberiana Euroforce.
Euroforce cargó aproximadamente 500,000 barriles de crudo venezolano a mediados de marzo de 2020, y transfirió la carga a otro buque en el Mar del Sur de China a fines de mayo de 2020, según las autoridades estadounidenses.
Además han sido designadas cuatro entidades propiedad o controladas por Leal o Zepeda:
Cosmo Resources Pte. Ltd., con sede en Singapur, incorporada en febrero de 2020; Alel Technologies LLC, corporación de responsabilidad limitada, con sede en el estado de Delaware y administrada por Leal; Luzy Technologies LLC, también instituida en Delaware, y Washington Trading Ltd., con sede en el Reino Unido.
Las entidades marítimas excluidas de la lista son: Afranav Maritime Ltd y Seacomber Ltd, así como a dos buques, el Athens Voyager y el Chios I por “operar en el sector petrolero de la economía venezolana”.
La OFAC identificó los dos buques como propiedad bloqueada, pero asegura que “ambas compañías se han comprometido a mejorar los programas de cumplimiento de sanciones” y a “dejar de involucrarse en el sector petrolero de la economía venezolana mientras el régimen de Maduro permanezca en el poder”.
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