La Administración Biden anunció el 15 de mayo nuevas acciones contra Nicaragua para combatir la «explotación» de los migrantes por parte del régimen autoritario e izquierdista de Ortega-Murillo que, según ellos, está exacerbando la crisis de inmigración ilegal en la región.
«El régimen vende visados a los inmigrantes a su llegada a los aeropuertos que los obligan a abandonar el país en 96 horas», declaró un alto funcionario de la administración durante una llamada con periodistas.
«Así que se están beneficiando bastante de la facilitación de migrantes irregulares que en última instancia, en muchos casos, se abren camino hacia nuestra frontera suroeste».
Los altos funcionarios también condenaron la continua represión del régimen contra los derechos humanos y la libertad de expresión de los nicaragüenses.
«Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aquellos bajo su mando continúan deteniendo injustamente a sus propios compatriotas por defender valientemente una sociedad civil libre, la libertad religiosa y la libertad de expresión», dijo otro alto funcionario de la administración.
Añadió que la administración está «comprometida a promover la rendición de cuentas» de quienes actúan en nombre de los «ataques a la democracia y los derechos humanos» del régimen.
Las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional incluyen la imposición de restricciones de visado a más de 250 miembros del gobierno nicaragüense, así como a «actores no gubernamentales seleccionados».
Entre los implicados en el gobierno se incluyen jueces, personal policial y paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales y funcionarios de la educación superior pública.
También se han impuesto sanciones a tres entidades con sede en Nicaragua. Una de ellas es un centro de formación en Managua del Ministerio del Interior ruso, que, según un alto funcionario de la administración, «posibilita el comportamiento antidemocrático y la represión».
Las otras dos son empresas auríferas que generan ingresos para el régimen, Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA), y Capital Mining Investments Nicaragua, Sociedad Anónima.
Las sanciones prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con estas entidades, y se bloquea cualquier activo que tengan en Estados Unidos.
Junto con las sanciones y restricciones, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro han emitido una alerta política conjunta dirigida a aerolíneas, operadores de vuelos alquilados, agencias de viajes y proveedores de servicios.
Un alto funcionario de la administración dijo que advierte sobre las formas en que los contrabandistas facilitan la migración ilegal y las redes de tráfico a los EE. UU. y un recordatorio de «la importancia de prevenir la explotación de sus servicios de transporte legítimo».
La alerta también ofrece cinco sugerencias sobre la migración irregular que se puede mitigar, como transmitir con antelación información precisa sobre los pasajeros 24 horas antes de un despegue programado, tal y como exige la normativa gubernamental.
Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca aclararon que no están tratando de detener a los turistas y los viajes legítimos hacia y desde Nicaragua, a pesar de las preocupaciones de que ayuda a enriquecer el régimen actual.
Un alto funcionario enfatizó que la administración estaba enfocada en que el régimen «se beneficie del movimiento de migrantes y facilite el tráfico de migrantes».
«Creemos que se trata de un conjunto de medidas contundentes que transmiten la seriedad con la que la administración Biden se toma estas cuestiones, y también esperamos y deseamos que tengan un efecto concreto, y seguiremos evaluando y supervisando y ajustando según sea necesario en función de lo que veamos sobre el terreno», declaró.
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