Estados Unidos sancionó este viernes por corrupción a Luis Miguel Martínez Morales, un muy cercano colaborador del presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que dirigió una polémica entidad gubernamental.
Esta medida se suma a la presión que la Administración de Joe Biden está ejerciendo sobre Guatemala para garantizar que el presidente electo del país, Bernardo Arévalo de León, pueda asumir el cargo el próximo enero.
Martínez Morales dirigió en 2020 el Centro de Gobierno, una poderosa comisión presidencial creada por Giammattei que fue muy criticada por duplicar funciones de la Vicepresidencia y que fue disuelta tras varias polémicas.
Este joven funcionario, que según el propio gobernante es un amigo «de hace muchos años», dirigió la oficina sin apenas experiencia en la administración pública.
El Departamento del Tesoro explicó en un comunicado que, al frente del Centro de Gobierno, Martínez Morales fue considerado «uno de los funcionarios no electos más poderosos» de Guatemala y que, aunque ya no ocupa un cargo, sigue siendo «una de las personas más influyentes en la Administración de Giammattei».
Según Washington, este colaborador del presidente «ha influido en el proceso de contratos gubernamentales para su beneficio y el de personas cercanas».
Estados Unidos también lo acusa de haber confabulado con otros funcionarios para adjudicar ilegalmente contratos gubernamentales fuera de Guatecompras, la plataforma oficial de contrataciones públicas.
Martínez Morales habría solicitado además «grandes sobornos» en la compra de las vacunas rusas contra la covid-19 Sputnik V.
Como resultado de la sanción, quedan bloqueadas sus propiedades y activos en Estados Unidos.
«Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco», afirmó el subsecretario de Inteligencia Financiera del Tesoro estadounidense, Brian Nelson.
La Administración estadounidense ha impuesto sanciones por corrupción a once personas y entidades guatemaltecas desde 2021.
El Tesoro criticó además en el comunicado «los actos de corrupción antidemocráticos» que amenazan la transición de poderes en Guatemala.
El Ministerio Público del país centroamericano, cuya cúpula está sancionada también por Washington, ha sido acusada de intentar evitar que el político progresista Arévalo de León, ganador de las elecciones, suceda el próximo enero a Giammattei como nuevo presidente de Guatemala.
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