El principal encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo este lunes que su país sigue indignado por el «desprecio» a los derechos humanos por parte del régimen del líder nicaragüense, Daniel Ortega.
«Seguimos indignados por el desprecio del régimen de Ortega a los derechos de su pueblo», afirmó el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un mensaje.
En el mensaje, enviado a los periodistas por la oficina de prensa de la Embajada de EE.UU. en Nicaragua, Nichols destacó que en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada la semana pasada en Lima, el Gobierno estadounidense «se unió a una abrumadora mayoría de miembros en una resolución que condena los continuos abusos de los derechos humanos en Nicaragua».
El pasado viernes, la OEA pidió al régimen de Nicaragua que «cese toda acción violenta» contra la población de su país y que «restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho» en su territorio.
Esos términos fueron comprendidos en una «Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua», que fue aprobada por aclamación antes del cierre de la LII Asamblea General de la OEA, celebrada en Perú.
La resolución también reclamó que se «ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo» contra periodistas, especialmente mujeres, «y contra los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales».
Exigió, además, al régimen de Ortega que «garantice la integridad física, mental y moral, la libertad y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente», y que libere «inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
OEA pidió a Ortega cesar represión
En ese sentido, solicitó que «cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica» y exhortó a todos los Estados de la región para que «implementen una estrategia basada en un enfoque integral de derechos humanos y de género».
La resolución pidió al régimen de Nicaragua que «conceda acceso pleno y sin obstáculos a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas» y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que «continúe monitoreando la situación de los derechos humanos» en el país centroamericano.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 9 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
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