El Gobierno de EE.UU. urgió este sábado a Bolivia a «defender» los derechos civiles recogidos en instrumentos jurídicos del derecho interamericano, pero no mencionó la detención hace unas horas de la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez.
«Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana», manifestó en Twitter Julie Chung, encargada de Latinoamérica en el Departamento de Estado.
Chung, que ocupa el cargo de manera interina, también dijo que «los estadounidenses y muchos en las Américas saben por experiencia de la necesidad de salvaguardar y renovar constantemente el gobierno democrático hecho por y para el pueblo».
No hubo, sin embargo, ninguna mención a la detención en la madrugada de este sábado de Áñez, quien fue aprehendida en la región amazónica de Beni y trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia hasta la ciudad de La Paz.
El viernes también fueron arrestados los dos exministros en la misma región que fueron conducidos a La Paz.
La expresidenta y los exministros son acusados de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
En la mañana de este sábado la expresidenta fue trasladada de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz hasta la Fiscalía para que brinde su declaración informativa por el supuesto «golpe de Estado» en contra de Evo Morales, que gobernó el país entre 2006 y 2019.
A pesar de la importancia de estos hechos, EE.UU. no emitió ningún comunicado y solo se posicionó a través del mensaje en Twitter de Chung, quien se limitó a citar dos de los instrumentos jurídicos más relevantes del derecho interamericano.
En concreto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, fue suscrita en 1969 en la capital costarricense y sirvió para crear dos de los órganos más importantes del sistema interamericano de derecho: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basada en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José.
Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001, es un instrumento jurídico que sirve para que la Organización de Estados Americanos (OEA), el mayor foro regional, pueda salvaguardar y fortalecer la democracia, además de disciplinar a los Estados que dan un giro autoritario.
Bolivia ratificó en 1993 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Washington nunca ha suscrito, y también respeta la Carta Democrática Interamericana, a la que se adhieren los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962).
El presidente de EE.UU., Joe Biden, que tomó posesión el 20 de enero, no ha aclarado cuál será su política hacia Bolivia.
EE.UU. y Bolivia, bajo el Gobierno de Morales, mantuvieron una relación tensa durante años.
Rompieron relaciones diplomáticas en 2008, cuando Morales expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) y al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg tras acusarlo de supuesta conspiración, algo que Washington negó y reaccionó expulsando al embajador boliviano Gustavo Guzmán.
Tras ese incidente ambos países mantuvieron relaciones únicamente a nivel de encargados de negocios hasta que, en 2019, el Gobierno interino de Áñez designó a Walter Óscar Serrate como embajador de Bolivia en EE.UU.
Washington, sin embargo, no designó a un embajador para Bolivia y, actualmente, la diplomática de mayor rango es Charisse Phillips, que tiene el título de encargada de negocios.
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