El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y el resto de miembros de su gobierno, tras las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua.
La suspensión de entrada a Estados Unidos también se aplicará a numerosos otros políticos, funcionarios y militares del país, a los que podrá restringirse la entrada si así lo considera el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
«Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de aquellos que lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar», dijo Biden en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca.
Estados Unidos ya ha impuesto en los últimos meses restricciones de visado a decenas de funcionarios, legisladores, fiscales y jueces nicaragüenses, y la orden de Biden abre la puerta a que ese tipo de sanción se extienda a prácticamente todos los niveles del movimiento oficialista en el país centroamericano.
La medida prohíbe expresamente la entrada a los «miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y los miembros de sus equipos», así como los familiares directos -esposos/as e hijos/as- de todos ellos.
Además, se vetará la entrada a aquellos «alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planearon, ordenaron, asistieron, fueron cómplices, cometieron o participaron» en «abusos graves o violaciones de derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar a los nicaragüenses sus libertades fundamentales».
Será Blinken quien identificará a esos funcionarios, pero este lunes, el Departamento del Tesoro ya impuso sanciones financieras a los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa.
También se prohibirá la entrada a los miembros de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos los militares, la Policía Nacional, el directorio de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y paramilitares, además de a los funcionarios de la administración penitenciaria del país, según la proclamación.
Además, están incluidos en el veto los miembros de alto rango del sistema judicial de Nicaragua, de la oficina del fiscal público y el ministerio del Interior; los que trabajan para los ministerios gubernamentales, las agencias regulatorias, las «compañías paraestatales», y los administradores y empleados de servicios de educación superior.
El veto podría aplicarse también a personas que no trabajen para el Gobierno pero ejerzan de «agentes» o actúen en nombre de cualquiera de los sancionados para facilitar o lucrarse de actos como «el fraude electoral, los abusos de derechos humanos o la corrupción», indica el texto.
«Las acciones no democráticas y autoritarias del gobierno de Ortega han mutilado el proceso electoral y privado a los ciudadanos nicaragüenses del derecho de elegir a sus líderes en elecciones libres y justas», afirmó Biden en la proclamación.
El presidente nicaragüense se impuso el pasado 7 de noviembre en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.
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