CIUDAD DE GUATEMALA— El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que logró la liberación de 135 presos políticos nicaragüenses, quienes llegaron a Guatemala donde solicitarán su ingreso a Estados Unidos o a otros países.
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo en un comunicado que fueron liberados por razones humanitarias.
«Nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión», dijo Sullivan.
El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, en declaraciones a la prensa, dijo que el gobierno nicaragüense no recibió nada a cambio de la liberación de los presos y que la negociación no significó ningún cambio en la política estadounidense hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega.
«Aunque la presión en sí misma fue consistente, la planificación y ejecución de esta liberación fue rápida, y trabajamos con celeridad para facilitar el viaje de estos individuos y garantizar realmente su seguridad en cada paso del trayecto», dijo Jacobstein, quien añadió que Nicaragua sigue deteniendo personas «injustamente».
Al preguntársele si hay algunos prisioneros que Nicaragua esté dispuesto a liberar, pero que se niegan a salir, declinó hacer comentarios.
Jacobstein, que recibió a los nicaragüenses en Guatemala, dijo que «se trata de individuos, alguno de los cuales fueron víctimas de tortura… que pasaron momentos extremadamente difíciles, los encontramos en general en muy buen estado de salud y de ánimo».
Algo que impresionó al diplomático estadounidense de algunas de sus conversaciones con los presos fue la «verdadera mezquindad y crueldad» del gobierno de Ortega por encarcelar a personas sin ninguna razón justificable.
A Francisco Arteaga, un preso liberado que habló desde la ventanilla del autobús amarillo que lo transportaba junto a otros desde el aeródromo, le preguntaron por qué fue detenido. «Por difundir en las redes sociales las acciones del gobierno contra la Iglesia católica», respondió.
Entre los nicaragüenses liberados hay 13 miembros de una organización religiosa benéfica con sede en Texas, laicos católicos, estudiantes y otras personas.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó acoger a los nicaragüenses mientras solicitan su entrada en Estados Unidos.
Los nicaragüenses salieron de una base aérea guatemalteca de la capital en autobuses el jueves por la mañana, y algunos saludaron desde las ventanillas.
El gobierno de Nicaragua no confirmó de inmediato el anuncio sobre la liberación de los prisioneros.
La defensora de los derechos humanos nicaragüense Haydeé Castillo dijo que la liberación de los presos era un «triunfo de la resistencia del pueblo nicaragüense». Señaló que los presos no fueron realmente liberados porque su excarcelación viene acompañada de un desplazamiento forzoso de su país.
«Nadie debe ser prisionero por pensar diferente», dijo Castillo.
Dijo que los defensores estaban revisando las listas para ver cuántos prisioneros de este tipo permanecen bajo custodia.
Ivannia Álvarez, nicaragüense exiliada y miembro del Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos, dijo que su recuento más reciente fue de 151 encarcelados, lo que sugiere que alguno de ellos siguen detenidos.
La organización religiosa Mountain Gateway, con sede en Texas, confirmó la liberación de 13 de los suyos tras nueve meses encarcelados.
«Este es el día por el que estuvimos rezado», dijo en un comunicado el pastor Jon Britton Hancock, fundador de Mountain Gateway.
El ecologista Amaru Ruiz dijo en las plataformas sociales que entre los liberados hay ocho guardabosques indígenas.
«Estados Unidos hace un nuevo llamamiento al gobierno de Nicaragua para que cese inmediatamente el arresto arbitrario y la detención de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales», dijo Sullivan.
El gobierno estadounidense se refirió a ellos como presos políticos y presos de conciencia.
El anuncio se produjo sólo dos días después que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara cambios en el código penal que permiten al gobierno juzgar a nicaragüenses y extranjeros en rebeldía.
Los opositores y las organizaciones que huyeron o se vieron obligados a exiliarse en la campaña que adelanta desde hace años el presidente Ortega para silenciar las voces críticas, podrían ser multados, condenados a largas penas de prisión y ver sus propiedades confiscadas por el gobierno en virtud de los cambios aprobados.
El año pasado, el gobierno exilió a más de 300 figuras de la oposición, despojándolas de su nacionalidad. Muchos más nicaragüenses se exiliaron ellos mismos para escapar de la represión que siguió a las masivas protestas de 2018 que Ortega calificó de golpe de estado fallido con respaldo internacional.
«Estos individuos llegaron de manera segura y voluntaria a Guatemala», dijo el secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado.
«Agradecemos al presidente Bernardo Arévalo y a su administración, los esfuerzos y apoyo para darles la bienvenida».
«Las autoridades nicaragüenses detuvieron injustamente a estas personas por ejercer sus libertades fundamentales de expresión, de asociación y reunión pacífica, y de religión o creencia», dijo Blinken.
El gobierno cerró más de 5000 organizaciones desde 2018, muchas de ellas de carácter religioso.
Por Sonia Pérez D.
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