Donald David Dillbeck, de 59 años y condenado a muerte por un asesinato cometido cuando era menor de edad, se convertirá el jueves en la persona número 100 ejecutada en Florida desde el restablecimiento de la pena capital en 1976, salvo que una apelación lo salve a última hora.
La suya es la primera ejecución programada en Florida desde 2019, un año en el que se llevaron a cabo dos. La pandemia de la covid-19 paralizó también las ejecuciones.
La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada suspender la ejecución de Dillbeck y sus abogados anunciaron entonces que presentarían una apelación ante instancias judiciales federales.
El abogado Baya Harrison III alega que Dillbeck sufre de un trastorno neuronal resultante de la exposición prenatal al alcohol, conocida por las siglas ND-PAE.
En 1994, cuando tenía tan solo 15 años, fue condenado por el asesinato a puñaladas de una mujer a la que le robó su automóvil en el estacionamiento de un centro comercial de Talahassee, la capital del estado, en 1990.
Dillbeck, quien se había fugado de una cárcel en la que cumplía cadena perpetua por matar a tiros a un oficial de policía, fue detenido poco después al estrellarse con el vehículo robado.
En el juicio por el asesinato de 1990 fue condenado a morir mediante una inyección letal con el voto a favor de ocho de los 12 miembros del jurado.
Los otros cuatro votaron por una condena a prisión perpetua.
Actualmente para que un juez condene a muerte en Florida a un acusado se necesita el voto unánime del jurado, tal como establece la Corte Suprema de EE.UU., que considera inconstitucional la condena por mayoría simple.
La exigencia de unanimidad es algo que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quiere cambiar, según anunció en 2022 después de que el autor confeso del tiroteo en el que murieron 17 personas en una escuela secundaria de Parkland (Florida) en 2018, Nikolas Cruz, se librara de la pena capital por ese motivo.
Ya hay proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso de Florida, dominadas por el Partido Republicano, para hacer el cambio que pide DeSantis, al que la Conferencia de Obispos Católicos de Florida le pidió en una carta que no firmara la autorización para ejecutar a Dillbeck, pero lo hizo en enero pasado.
En la carta, los obispos subrayaron que castigar con la pena de muerte «debería ser inadmisible».
El presidente de EE.UU., Joe Biden, aplicó en 2021 una moratoria a las ejecuciones federales, después de que su antecesor, Donald Trump, las reanudara durante su mandato presidencial.
Según datos del Departamento de Correcciones (Prisiones) de Florida, actualmente hay 299 presos en el «corredor de la muerte», como se conoce el lugar donde permanecen los que van a ser ejecutados.
El preso de edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años, que fue condenado por tres asesinatos que aún a día de hoy asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.
El diario Tampa Bay publicó una historia sobre la vida de Dillbeck en la que cuenta que estuvo en hogares de adopción temporal desde los cuatro años y empezó a consumir drogas a los 13.
Además, relata las penalidades por las que pasó cuando fue recluido con adultos con 15 años de edad, desde abusos sexuales a violencia, y subraya que en el juicio de 1994 testificaron varios médicos que indicaron que mostraba señales de problemas mentales asociados a la esquizofrenia.
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