Antes de que pueda decidir si una ley antidisturbios de 2021 en Florida viola la Constitución de EE.UU., la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU. le pidió a la Corte Suprema de Florida que defina «perturbación pública».
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el 19 de abril de 2021 la “Ley de lucha contra la violencia, el desorden y el saqueo y la protección del cumplimiento de la ley” (pdf), también conocida como HB 1. La medida se redactó en respuesta a los disturbios que estallaron en 140 ciudades de 20 estados tras la muerte de George Floyd durante un arresto policial en 2020.
Property Claim Services, una compañía que calcula las pérdidas de propiedad causadas por catástrofes en Estados Unidos, estimó los daños causados por los disturbios entre USD 1000 millones y USD 2000 millones entre abril y julio de 2020, lo que lo convierte en el pago de seguro más caro en la historia de EE.UU., informó Axios.
DeSantis presentó la legislación el 21 de septiembre de 2020.
“Nuestro derecho a reunirnos pacíficamente es uno de los más preciados como estadounidenses, pero en todo el país hemos visto que agitadores profesionales se aprovechan de ese derecho, empeñados en sembrar el desorden y causar caos en nuestras ciudades”, dijo DeSantis.
“No permitiré que ocurra este tipo de violencia aquí en Florida”, afirmó DeSantis. “La legislación anunciada hoy no solo combatirá los disturbios y los saqueos, sino que también protegerá a los hombres y mujeres de las fuerzas del orden público que se despiertan todos los días para mantenernos a salvo. Espero trabajar con la Legislatura de Florida en la próxima sesión para convertir esta propuesta en ley”.
Qué significa la ley para los floridanos
Entre otras cosas, la ley convierte en delito grave de tercer grado causar daño físico a otros y “obstruir el tráfico durante una protesta, manifestación o reunión violenta o desordenada no permitida” que consta de siete o más personas, y proporciona inmunidad civil de responsabilidad a los conductores que causan lesiones o la muerte en un esfuerzo por huir de una multitud por seguridad, según una hoja informativa publicada por la oficina del gobernador.
Según la nueva ley, acosar o intimidar a personas en lugares públicos, como restaurantes, conlleva un cargo de delito menor de primer grado. Los que destruyan bienes públicos o monumentos serán imputados con un delito grave de segundo grado. Quienes sean declarados culpables de golpear a un oficial de policía, ya sea físicamente o con un proyectil, cumplirán una sentencia mínima obligatoria de seis meses de cárcel.
La ley también dicta que las personas arrestadas por tales violaciones deben “permanecer bajo custodia” hasta su primera comparecencia ante el tribunal.
El 9 de septiembre de 2021, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Florida emitió una orden judicial preliminar contra la ley (pdf).
El 11° Circuito le pidió actualmente a la Corte Suprema de Florida que interprete el nuevo significado de “perturbación pública” según su modificación en la ley estatal.
En su opinión del 10 de enero (pdf), la jueza de circuito, Jill Pryor, dijo que “la interpretación adecuada de la definición legal es un tema novedoso de la ley estatal que la Corte Suprema de Florida aún no ha abordado. Después de una cuidadosa consideración, ejercemos nuestra discreción para certificar una pregunta a ese tribunal para determinar con precisión qué conducta prohíbe la definición”.
Por lo tanto, el 11° Circuito de Atlanta está solicitando a la Corte Suprema de Florida que aclare el significado de «participar deliberadamente en un disturbio público violento que involucre una reunión de tres o más personas».
«¿Es algo más que ‘tres o más personas que actúen con la intención común de ayudarse mutuamente en una conducta violenta y desordenada que resulte en lesiones a otra persona, daños a la propiedad o peligro inminente de lesiones a otra persona o daños a la propiedad’?», preguntó Pryor.
Pryor también quiere saber «qué conducta se requiere para que una persona ‘participe deliberadamente en un disturbio público violento'».
“¿Puede una persona ‘participar deliberadamente en un disturbio público violento’ sin involucrarse personalmente en violencia y alteración del orden público o abogar por la violencia y la alteración del orden público?”, preguntó. «Si es así, ¿Qué nivel de ‘participación’ se requiere?»
“Para obtener una condena, ¿el Estado tiene que probar más allá de toda duda razonable que el acusado tuvo la intención de involucrar o ayudar a dos o más personas en una conducta violenta y desordenada?”, preguntó Pryor. “Si no, ¿qué debe probar el Estado sobre la intención?”
Por último, Pryor quiere que el tribunal superior de Florida aclare si una persona puede ser «culpable del delito de motín si asiste a una protesta» que finalmente se convierte en «un disturbio público violento en el que tres o más personas» se ayudan entre sí en la destrucción de bienes.
Interrumpir el tráfico y golpear a los transeúntes
Durante los disturbios de 2020, la gente bloqueó el tráfico y amenazó a los conductores, incluido un hombre discapacitado en Kentucky.
Después de obligar a un hombre a estrellar su camioneta en Oregón, los alborotadores de Black Lives Matter (BLM) y Antifa, un grupo extremista de extrema izquierda, lo sacaron a rastras de su vehículo para golpearlo hasta dejarlo inconsciente. En Minneapolis, un camionero que intentaba escapar de una turba violenta condujo su camión entre la multitud en un esfuerzo por escapar. Rodearon su camión, lo sacaron a rastras y lo golpearon. Fue arrestado y acusado de un delito grave de amenazas de violencia y de un delito menor grave por operación vehicular delictiva. Los cargos finalmente fueron retirados.
Ha habido varios casos de manifestantes de BLM que rodearon y amenazaron a personas sentadas en comedores al aire libre en Florida, Nueva York y Texas. Además, estatuas y monumentos históricos en todo el país fueron desfigurados, derribados y destruidos.
Más de 2000 policías resultaron heridos durante las protestas y disturbios de 2020, según la Asociación de Jefes de las Grandes Ciudades.
Cientos de alborotadores fueron liberados o sus cargos fueron desestimados.
Protección al ciudadano y al contribuyente
La nueva ley contiene medidas que aseguran la protección a los ciudadanos de Florida y sus impuestos.
La prohibición a leyes para «desfinanciar a la policía» impide que los organismos gubernamentales locales reciban subvenciones o ayudas estatales si eliminan los servicios de aplicación de la ley de sus presupuestos.
La ley renuncia a la “inmunidad soberana”, lo que permite que las víctimas de un delito relacionado con una protesta violenta demanden al gobierno local por daños y perjuicios en los casos en que se determine que el gobierno local es gravemente negligente en la protección de los ciudadanos y la propiedad.
También cancela los beneficios estatales de cualquier persona condenada por participar en una protesta violenta, así como también los hace inelegibles para ocupar puestos en el gobierno estatal o local, y prohíbe la fianza o la fianza hasta su primera comparecencia ante el tribunal.
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