El 2019 fue el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela, según el reporte anual de la ONG Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) publicado este jueves y que contabilizó en el período 534 casos de violaciones a la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con el reporte, la ONG precisó que los 534 casos implicaron 1.032 violaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información pública tanto de los periodistas como de los ciudadanos.
Cada caso suele incluir varias violaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información pública.
En 2019, se duplicaron los registros del año precedente cuando el IPYS contabilizó 266 y es el mayor número de violaciones a la libertad de expresión en el período comprendido entre 2012 y 2019.
El año pasado, advirtió la ONG, el ejercicio del periodismo en Venezuela se vio afectado por «el abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura».
Esta situación se produjo en medio de «sostenidos conflictos sociopolíticos», así como de «una crisis profunda» de los derechos humanos y de los servicios públicos que afectaron a todo el país.
Entre las 1.032 violaciones a la libertad de expresión enumeradas por la ONG, figuran 512 situaciones de uso abusivo del poder estatal y 326 agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social.
Asimismo, el IPYS registró limitaciones de acceso a la información pública, acciones legales administrativas contra medios y periodistas y casos de censura previa, entre otros.
En la categoría de «uso abusivo del poder estatal», IPYS detalló 76 detenciones arbitrarias que afectaron a 48 reporteros venezolanos y a 28 corresponsales extranjeros.
El reporte precisó que esas detenciones arbitrarias ocurrieron mientras los periodistas cubrían «situaciones de relevancia política relacionados con la oposición venezolana, eventos vinculados con la ayuda humanitaria, así como con las protestas de calle para exigir servicios públicos».
A juicio del IPYS, el número de violaciones a la libertad de expresión durante 2019 demuestran que el Estado venezolano «insiste en ignorar» las recomendaciones emitidas desde 2016 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que solicita «tomar medidas urgentes para salvaguardar la libre información» en el país.
Por ello, la ONG venezolana solicitó a las autoridades que se asegure «la protección efectiva» a periodistas y defensores de derechos que sean objeto de «actos de intimidación, amenazas y ataques» para que puedan ejercer su trabajo sin restricciones.
El IPYS es una ONG fundada en 2002 y que enfoca su trabajo en el monitoreo e investigación de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela.
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