El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, será «exigente» en su reunión con el nuevo presidente de la Generalidad, Salvador Illa, al que instará a mantener el decreto del Gobierno de ERC para poder eliminar los pisos turísticos de la ciudad.
«Le voy a pedir al presidente mantener vigente ese decreto, que es el que da amparo a la ciudad de Barcelona para llegar hasta el final» y no renovar con «garantía jurídica» las licencias de viviendas de uso turístico, y que vuelvan a ser «para lo que fueron construidas, para vivir», ha explicado el alcalde Collboni en una entrevista con EFE a pocos días de reunirse con Illa.
El alcalde considera «fundamental» mantener este decreto, aprobado por el Gobierno de Pere Aragonès en el último año de su mandato, con el que podrá erradicar en 2028 los 10.000 pisos turísticos de la ciudad, revelando así que este será uno de los temas que llevará en la carpeta en la reunión oficial que «muy pronto» mantendrá con el presidente Illa, compañero de filas en el PSC e investido el pasado 8 de agosto.
Collboni admite que esta medida puede parecer «drástica», pero está decidido a llevarla «hasta el final», sabedor de las reticencias de algunos sectores productivos.
«El sector turístico tiene un gran impacto en creación de empleo y riqueza en la ciudad y en el conjunto del país, y eso hay que tenerlo siempre presente, pero las ciudades no pueden estar sometidas al turismo», ha alertado Collboni, que añade: «Yo creo que hemos vivido los últimos años la ruptura de este frágil equilibrio y hay que empezar a tomar medidas».
«Hemos tomado decisiones de forma pionera en Barcelona desde hace algunos años, con una planificación en el crecimiento hotelero, la introducción del impuesto turístico, que por cierto va a permitir que este mismo verano ya inauguremos las 24 primeras escuelas climatizadas a cargo del impuesto turístico como retorno social, o la medida de no renovar las licencias de pisos de uso turístico de la ciudad de Barcelona», ha recordado.
Y ha añadido: «Estamos en una situación de emergencia habitacional, con los precios de los alquileres y de los pisos disparados. Yo creo que Barcelona se está situando en la vanguardia de las medidas valientes para limitar las consecuencias de la masificación turística y para proteger la calidad del turismo también, y que el turismo esté al servicio de la ciudad, no la ciudad al servicio del turismo».
Cataluña acumula más del 40% de la ocupación total nacional
Hay otro factor que, según algunos expertos, está contribuyendo a la reducción del parque de viviendas en alquiler en toda España y es la explosión de ocupaciones ilegales en todo el territorio nacional. Este fenómeno ha provocado la aparición de mafias dedicadas a la ocupar propiedades y los daños que han sufrido los afectados son enormes, según la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación.
Para la abogada Arantxa Goenaga, socia de AF Legis y experta en Derecho inmobiliario, la Ley por el Derecho a la Vivienda, que buscando proteger a familias vulnerables, ha provocado que los propietarios no quieran arriesgarse a alquilar, encontrarse con un inquilino que no pague y no poder desalojarlo, informó el medio Economist&Jurist.
La letrada subraya que es urgente que se legisle para obtener la recuperación inmediata en 24/48 horas de los inmuebles ocupados. «Es totalmente injusto que alguien okupe una vivienda, el propietario presente la denuncia y tenga que esperar varios meses para poder entrar en su casa y, además, nunca va a ser indemnizado del daño moral que supone que le okupen un inmueble de su propiedad y que es su morada», critica.
Esto es lo que se conoce como «inquiocupación» donde el inquilino tiene un contrato de alquiler firmado con el arrendador pero deja de pagarle la cuota del alquiler y se niega a abandonar la vivienda y a devolvérsela a su dueño. Si la familia «inquiocupa» solicita que le declaren «vulnerable» por tener menores a su cargo, el desahucio se alarga en el tiempo.
El tiempo medio para tramitar un desahucio se sitúa cerca de los dos años; un periodo de tiempo en el que el Gobierno obliga a las familias trabajadoras dueñas de esas viviendas a mantener a quienes dejan de pagar voluntariamente la renta del alquiler.
Según datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la ‘inquiokupación’ se ha convertido en la forma de ocupación más habitual de nuestro país. En concreto, en España ha habido un repunte de los casos de ‘inquiokupación’ en los últimos años hasta llegar a 25.000 casos.
“Asumimos sus suministros y además tenemos que hacer frente a las costas de abogados y procuradores, con demoras judiciales superiores a 2 años, sin poder percibir el alquiler, que en muchos casos, supone el sustento para nuestras economías”, denunciaba la Plataforma en un comunicado de prensa a principios de este año.
La ocupación de viviendas en España se incrementó un 37% entre 2018 a 2022 con más de 75.000 denuncias. Pese a un ligero descenso en el número de viviendas ocupadas en 2023, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con el mayor número de ocupaciones registradas, acumulando 6.258 denuncias en 2023, lo que representa el 40,9% del total nacional.
The Epoch Times
Narcopisos en Barcelona
Solo en 2023 los Mozos de Escuadra desmantelaron 150 narcopisos en la Ciudad Condal, según el medio Metrópoli y 34 en solo cinco meses de 2022, muchos de ellos en el barrio del Raval y Ciudat Vella. Los narcopisos son viviendas utilizadas para la venta y consumo de drogas.
Airbnb genera 8.500 millones de euros y promueve 130.000 empleos anuales
Frente a este debate sobre el efecto de los pisos turísticos en la masificación del turismo y en la crisis de vivienda habitacional, Airbnb, el gigante mundial de los alquileres turísticos, defendió en julio en un comunicado que la actividad de sus usuarios y el gasto que hacen los clientes en los destinos están generando riqueza en España y ayudando a mantener 130.000 empleos.
La plataforma de alquiler vacacional asegura que el impacto económico directo, indirecto e inducido de sus viajes en 2023 fue de 8.500 millones de euros para la economía española y que la actividad económica que genera el gasto de sus usuarios aportó a las arcas del Estado español unos 3.600 millones en impuestos.
Según sus propios datos, los huéspedes en Airbnb gastaron en los miles de destinos donde se hospedaron -5.200 localidades en España en 2023- casi 3.100 millones de euros en restaurantes y bares, lo que representa el 40 % del gasto total de los viajeros.
De los 130.000 empleos que asegura que ayudó a sostener en todo el país, el 60 % se concentran en los sectores de la restauración (bares y restaurantes), comercios y tiendas locales, así como en ocio y eventos (especialmente arte, espectáculos, festivales).
«La actividad de compartir el propio hogar, una casa de veraneo, la casa familiar del pueblo o una vivienda de alquiler de corta duración genera un beneficio neto positivo para las comunidades locales en España», asegura la empresa en el comunicado.
Con información de EFE.
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