La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del miércoles la décima prórroga por 30 días más de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, con lo que el país cumplirá 11 meses con la suspensión de garantías constitucionales.
El gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó la ampliación de la medida, que se aprobó originalmente a finales de marzo del año pasado tras una escalada de violencia homicida atribuida a las pandillas, horas antes de su aprobación.
Los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del Ejecutivo de Bukele, sin un estudio previo, con 67 votos de los 84 diputados.
«Es una medida que no solo ha llevado tranquilidad a las comunidades, sino que nos convierte en un referente en seguridad. Seguiremos apoyando al presidente Bukele», dijo el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, según las redes del Congreso.
De acuerdo con el Gobierno, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 61,300 presuntos pandilleros, pero se han liberado a más de 3300 personas por orden de la Fiscalía y los tribunales.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han registrado más de 7400 denuncias de atropellos por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad.
La mayoría de estas denuncias son por detenciones arbitrarias y se le suman señalamientos de tortura y la muerte de más de 90 personas bajo custodia estatal.
Solo la organización Cristosal dio a conocer al cierre de 2022 que registró 3211 casos de personas «vulneradas en sus derechos».
El 97.5 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25.2 % por allanamiento ilegal de morada y un 10.3 % por malos tratos, en los que «cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos».
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
El Gobierno ha optado también por no contabilizar como homicidios las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a pesar de que las cifras de administraciones anteriores sí las sumaban.
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