El Congreso de El Salvador, a petición del gobierno de Nayib Bukele, extendió por 30 días más el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo pasado tras una escalada de los asesinatos atribuida a las pandillas.
La medida, que no fue discutida, se aprobó con 67 votos de los 84 diputados del Congreso, de amplía mayoría oficialista.
De acuerdo con el Gobierno, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 16,000 personas en la llamada «guerra contra las pandillas», que cuentan más de 70,000 miembros.
La iniciativa, aprobada principalmente con los votos del partido Oficialista Nuevas Ideas (NI), señala que se mantienen las condiciones que originaron la suspensión de las garantías constitucionales a finales de marzo, pese a que la cifra de asesinatos se controló.
Este régimen mantiene en suspensión, entre otros, el derecho a la defensa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, pero no la libertad de circulación.
«Es necesario prolongar dicho régimen de excepción», dado que la «ola de inseguridad» se mantiene «a pesar de las capturas y disminución de homicidios», señala la solicitud del gobierno de Bukele.
De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, 14,000 de los detenidos se encuentran en cárceles y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a 6000 de los capturados se les ha dictado prisión preventiva por parte del sistema judicial.
El gobierno de Bukele ha llamado «guerra contra las pandillas» a las diferentes acciones implementadas durante el estado de excepción, que también contemplan la presencia policial y militar en colonias populosas dominadas por las pandillas y patrullajes en diferentes zonas.
Además de esta suspensión de derechos constitucionales, el Congreso ha aprobado reformas de diferentes leyes para el endurecimiento de penas a los pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
También aprobó un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel «cualquier manifestación» que aluda al «control territorial» de las pandillas.
Esta última medida es denunciada por el gremio periodístico que la ha señalado como «reforma mordaza» y de «criminalizar» su labor, postura que organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos comparten.
Las redes sociales, principalmente Twitter, han sido el medio por el cual algunos salvadoreños han denunciado capturas arbitrarias de familiares, en su mayoría hombres jóvenes, durante el estado de excepción, mientras que la prensa local ha reportado la muerte de 4 personas detenidas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias han recibido unas 200 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, principalmente por detenciones arbitrarias.
Organismos internacionales, como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y organizaciones de DD.HH. nacionales han mostrado su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador.
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