El Congreso rechazó este jueves la enmienda a la totalidad de Vox a la proposición de ley para una regularización extraordinaria de 500.000 personas extranjeras en España, una iniciativa legislativa popular avalada por más de 600.000 firmas.
Ninguno de los grupos que han intervenido hoy: PP, PSOE, Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG ha apoyado la enmienda.
La Cámara Baja aprobó tomar en consideración esta iniciativa popular -que, según sus promotores, beneficiaría a medio millón de extranjeros- el pasado 9 de abril con el apoyo de todos los grupos menos Vox y esta es la única formación que ha presentado una enmienda a la totalidad.
Origen de la iniciativa legislativa popular
La iniciativa comenzó su andadura hace más de dos años con una gran campaña que reunió más de 700.000 firmas, de las cuales fueron finalmente aprobadas 611.821, sin que hayan podido dar su apoyo los potenciales beneficiarios de la medida, ya que solo pueden firmar los ciudadanos de nacionalidad española mayores de edad.
Su objetivo es dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional.
Según sus impulsores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos inmigrantes y las barreras que les impiden contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
La propuesta nació de entidades como la plataforma ciudadana #RegularizaciónYa, la Fundación porCausa o el partido Por un Mundo Más Justo y ha conseguido el apoyo de numerosas oenegés y asociaciones vinculadas a la migración y otros sectores de la sociedad, como la Iglesia católica.
Contenido de la enmienda a la totalidad de Vox
En la enmienda que se rechazó este jueves, Vox proponía sustituir esta propuesta por una serie de medidas contra la inmigración irregular, que pasan por reformar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el Código Penal y la ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global con el fin de establecer el marco de actuación de las Administraciones Públicas ante los efectos negativos de la inmigración ilegal masiva.
«España vive una situación límite con la inmigración ilegal. Las personas que han llegado a nuestro país el pasado año multiplican por cinco la población de El Hierro e igualan los habitantes de provincias como Segovia o Huesca», explicó la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán en abril.
Respecto a la regularización extraordinaria de estas 500.000 personas, Millán puso como ejemplo que se trataría de una «población equivalente a los habitantes de la provincia de Valladolid» y ha advertido que «España no puede soportar semejante nivel de inmigración ilegal».
VOX además solicitaba la supresión de toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que hayan vulnerado leyes españolas y comunitarias, a excepción de la ayuda humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países y el cierre de los centro de menas, «especialmente los que crean más conflicto». Consideran que «todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus familias a sus países de origen».
La formación conservadora busca también cambiar el marco legal para que sean expulsados del país todos los inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular y los que, aun en situación regular, «hayan sido objeto de condena judicial por delito doloso» cuya pena sea igual o superior a cuatro años o a uno, en caso de reincidencia.
También plantea eliminar los plazos máximos de prohibición de entrada en el país para las personas que han sido expulsadas y que ninguna persona que haya entrado al territorio de forma irregular pueda regularizar su situación administrativa en España.
Y, por último, la iniciativa plantea la suspensión de la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorio y el refuerzo de personal para tramitar las solicitudes de asilo y resolver los expedientes de extranjería para agilizar todos los trámites y evitar que nadie pueda verse favorecido por los retrasos en la Administración.
Las consecuencias de la inmigración ilegal, según explicó Millán, son especialmente negativas para los españoles más humildes, que sufren unos peores servicios sociales y «una creciente inseguridad en las calles».
Millán puso como ejemplo el caso del País Vasco donde afirma que «la mitad de las personas que reciben la renta de Garantía de Ingresos son extranjeros». O de Cataluña, que asegura que «ya cuenta con más presos extranjeros que españoles», y que «el 18% de los presos de las cárceles catalanas son marroquíes, siendo el 3% de la población de la región». Millán afirma que, tres de cada cuatro presos menores de 21 años son extranjeros y que a nivel nacional los datos no son muy diferentes: «el 49% de los autores de asesinatos a mujeres son extranjeros, a pesar de ser el 12,63% de la población, según datos del Ministerio de Igualdad».
El PP, que votó en contra de la enmienda de Vox, anunció hoy que presentará una enmienda a la proposición de ley para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España para que no puedan acogerse a ella los que «cometan delitos, sean reincidentes o tengan orden de expulsión».
Con información de EFE
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