El Consejo de Seguridad de la ONU acordó este miércoles condenar la represión violenta a las protestas en Birmania, pero no denunciar el golpe de Estado protagonizado por los militares o hablar de posibles medidas en respuesta a él a consecuencia de la oposición de varios Estados miembros.
Según fuentes diplomáticas, los quince países dieron el visto bueno a un texto de compromiso -que será adoptado oficialmente hoy mismo- en el que se pide contención a los militares y se reclama la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria.
La declaración, impulsada por el Reino Unido tras una reunión a puerta cerrada que el máximo órgano de decisión de la ONU mantuvo la semana pasada, condena la violencia contra los manifestantes pacíficos.
El texto final, sin embargo, excluye parte del lenguaje planteado inicialmente por el Gobierno británico, entre otras cosas las referencias al golpe de Estado y una advertencia sobre posibles medidas por parte del Consejo, por exigencia de varios países, entre ellos Rusia y China.
Las declaraciones de este tipo, a diferencia de las resoluciones, son adoptadas siempre por unanimidad.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, la represión policial contra las protestas en favor de la democracia ha dejado al menos 60 muertos y multitud de heridos y detenidos.
Las manifestaciones masivas que se han registrado en el país reclaman a los militares que restablezcan la democracia, respeten los resultados de las elecciones de noviembre y liberen a todos los detenidos desde el levantamiento, entre ellos la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
En febrero, el Consejo de Seguridad ya había reclamado la liberación de Suu Kyi y de otros líderes arrestados, pero había comenzado a mostrar su división en torno a la situación en Birmania, con países clave como China y Rusia que han evitado hasta ahora describir lo sucedido como un golpe de Estado, frente a la postura mucho más crítica con los militares de Estados Unidos o de las potencias europeas.
En el pasado, Moscú y Beijing han protegido a las autoridades birmanas de posibles medidas por parte de la ONU, por ejemplo a raíz de la operación militar que en 2017 provocó un éxodo masivo de miembros de la minoría rohinyá y que fue calificada por Naciones Unidas como una «limpieza étnica».
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