El Departamento de Justicia anunció que acusó a casi 500 personas de participar en estafas relacionadas con COVID-19 por valor de cientos de millones de dólares.
«El Departamento de Justicia (DOJ) ha liderado una iniciativa histórica de aplicación de la ley para detectar y desbaratar los esquemas de fraude relacionados con COVID-19», dijo el viernes el fiscal general Merrick Garland en un comunicado de prensa, refiriéndose a la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino). «El impacto del trabajo del departamento hasta la fecha envía un mensaje claro e inequívoco a aquellos que aprovecharían una emergencia nacional para robar recursos financiados por los contribuyentes a personas y pequeñas empresas vulnerables».
La agencia acusó a 474 personas de participar en esquemas criminales fraudulentos e intentar obtener más de 569 millones de dólares del gobierno federal, así como de víctimas desprevenidas.
«Estamos comprometidos con la protección del pueblo estadounidense y con la integridad de las líneas vitales proporcionadas por el Congreso, y seguiremos respondiendo a este desafío», dijo Garland.
Desde que el Congreso aprobó el año pasado la Ley CARES, de 2 billones de dólares, la agencia ha investigado las denuncias relacionadas con las estafas de COVID-19, incluidas aquellas que estafaron al Programa de Protección de Cheques, a los Préstamos para Desastres por Daños Económicos y al seguro de desempleo. El entonces fiscal general William Barr dio instrucciones a los fiscales federales para que investigaran y persiguieran las denuncias de fraude.
«No vamos a permitir que los ciudadanos estadounidenses o los programas de beneficios críticos que se han creado para ayudarlos sean presa de quienes buscan aprovecharse de esta emergencia nacional», dijo el fiscal general adjunto interino Brian M. Boynton, de la División Civil del Departamento de Justicia, en el comunicado. «Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios de la policía para responsabilizar a los infractores y salvaguardar los fondos de los contribuyentes».
El Departamento de Justicia se centró en un caso en Texas en el que estaba implicado un presunto defraudador, Dinesh Sah, que solicitó 15 préstamos del Programa de Protección de Pagos utilizando 11 empresas diferentes antes de recibir más de 17 millones de dólares en préstamos del gobierno, que fueron utilizados para comprar propiedades, joyas, un Bentley descapotable y otros artículos. Sah se declaró culpable.
«A cualquiera que piense en utilizar la pandemia mundial como una oportunidad para estafar y robar a los estadounidenses trabajadores, mi consejo es simple: no lo hagan», dijo el fiscal general adjunto en funciones Nicholas McQuaid, de la División Penal del Departamento de Justicia. «No importa dónde estés o quién seas, te encontraremos y te perseguiremos con todo el peso de la ley».
En otro caso, ocho personas en California solicitaron 142 Préstamos de Protección de Pagos y de Daños Económicos por Desastre en busca de más de 21 millones de dólares utilizando identidades y empresas falsas. A continuación, lavaron dinero a través de cuentas bancarias en internet y compraron joyas, valores y bienes inmuebles, según el DOJ.
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