El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha recopilado grandes cantidades de registros financieros de los estadounidenses, según el senador Ron Wyden (D-Ore.).
Wyden reveló la existencia de una vigilancia financiera del DHS en una carta enviada el 8 de marzo al inspector general del departamento, en la que pedía una investigación sobre estas actividades hasta ahora desconocidas.
Wyden dijo que recientemente se enteró de que Investigaciones de Seguridad Interior (HSI, por sus siglas en inglés) —un componente policial del DHS— estaba operando un «programa de vigilancia indiscriminada y masiva que recogió millones de registros financieros sobre los estadounidenses».
«Después de que mi personal se pusiera en contacto con HSI sobre el programa en enero de 2022, HSI puso fin inmediatamente al programa», escribió Wyden al inspector general del DHS, Joseph Cuffari.
El senador dijo que su oficina fue informada por HSI el 18 de febrero —la primera vez que el Congreso ha sido informado sobre el programa.
«HSI dijo a mi personal que utilizó citaciones personalizadas para obtener aproximadamente seis millones de registros sobre transferencias de dinero superiores a 500 dólares, hacia o desde Arizona, California, Nuevo México, Texas y México», escribió Wyden. «HSI obtuvo estos registros utilizando un total de ocho citaciones aduaneras, que envió a Western Union y Maxitransfers Corporation (Maxi), exigiendo registros durante un período de seis meses después de la orden».
Wyden dijo que las actividades de vigilancia financiera de HSI son muy problemáticas por numerosas razones, incluyendo el hecho de que solo se utilizaron ocho citaciones para obtener más de 6 millones de registros.
«La autoridad de las citaciones aduaneras solo permite al gobierno buscar registros que sean ‘relevantes’ para una investigación», dijo Wyden.
«HSI debería haber sabido que esta autoridad no podía utilizarse para llevar a cabo una vigilancia masiva, especialmente después de que el inspector general del Departamento de Justicia criticara duramente a la Administración para el Control de Drogas en 2019 por utilizar las citaciones para llevar a cabo un programa de vigilancia masiva que incluía registros de llamadas telefónicas internacionales».
Wyden también dijo que la base de datos del HSI permite a cientos de agencias policiales un «acceso sin restricciones» a los registros financieros sin ninguna supervisión judicial.
El hecho de que el DHS cerrara inmediatamente el programa tras ser contactado por el senador sugiere además una falta de supervisión interna, añadió Wyden.
«Le escribo para pedirle que investigue a fondo el programa para determinar si la vigilancia de los estadounidenses por parte de HSI era coherente con la política del DHS, la ley estatutaria y la Constitución de Estados Unidos», escribió el senador a Cuffari.
En reacción a las revelaciones de Wyden, la Electronic Frontier Foundation (EFF) calificó el programa de HSI de «descaradamente ilegal».
«Esta práctica presenta perjuicios en el mundo real para las personas que, por buenas razones, quisieran mantener en privado la transferencia de dinero y la información de identificación que la acompaña», dijo la EFF, un grupo internacional de derechos digitales sin ánimo de lucro, en un comunicado de prensa del 10 de marzo.
«Compartir los registros financieros y otros datos de identificación personal de los supervivientes de la violencia doméstica, los solicitantes de asilo y los activistas de los derechos humanos podría exponerlos al peligro, sobre todo teniendo en cuenta que el TRAC permite a cientos de organismos encargados de hacer cumplir la ley un acceso sin restricciones a estos registros».
La EFF se mostró de acuerdo con la petición de Wyden de que se investigue el programa, y añadió que los más de 6 millones de registros deberían ser eliminados inmediatamente.
La EFF también dijo que empresas como Western Union y Maxi deberían enfrentarse al gobierno y proteger la privacidad de los consumidores.
«Compañías como Western Union y Maxi deberían dejar de ceder a estas amplias citaciones administrativas de información sensible de los clientes presentando mociones para anularlas. Estas citaciones administrativas son solicitudes del gobierno, no órdenes oficiales, firmadas por un juez, que obligan legalmente a la empresa a entregar todos estos datos», dijo la EFF.
«Las empresas solo deben responder cuando la ley les obligue a hacerlo. Hasta entonces, tienen la obligación de proteger la información de sus clientes, y esa obligación debe extenderse a la protección contra expediciones de pesca del gobierno demasiado amplias y fácilmente refutables».
Western Union ofreció la siguiente declaración cuando fue contactada por The Epoch Times: «Western Union está comprometida con la protección de los datos personales de nuestros clientes, así como con la lucha contra actividades delictivas graves como el lavado de dinero, la trata personas y el contrabando de personas.
«También colaboramos activamente con las fuerzas policiales en todo el mundo para promover los principios de la privacidad al mismo tiempo que permitimos a las fuerzas policiales combatir la delincuencia», dijo un portavoz de la empresa, y añadió: «No podemos hacer más comentarios sobre las investigaciones de las fuerzas policiales».
Maxi no ha respondido a un correo electrónico solicitando comentarios.
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