El Departamento de Justicia (DOJ) ha pedido a la juez Tanya Chutkan que restablezca su orden de mordaza sobre el expresidente Donald Trump, argumentando que no viola su derecho constitucional a la libertad de expresión.
La juez Chutkan dictó una suspensión el 20 de octubre a la espera de la apelación. La orden inicial suscitó críticas de muchos, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por imponer restricciones excesivas a la libertad de expresión del presidente Trump.
Tanto la ACLU como los abogados del presidente Trump argumentaron que la orden, que establece que el presidente Trump no está autorizado a «apuntar» a las personas involucradas en el caso, también era inconstitucionalmente vaga.
La abogada del Departamento de Justicia Molly Gaston, que forma parte del equipo del abogado especial Jack Smith, rebatió ambos puntos en su respuesta del 25 de octubre y se hizo eco de la juez Chutkan al afirmar que los acusados penales no gozan de derechos ilimitados en virtud de la Primera Enmienda.
» La Corte ha emitido una orden estrecha … que establece un cuidadoso equilibrio entre los derechos de la Primera Enmienda del acusado y la necesidad de salvaguardar la integridad de los procedimientos, incluso mediante la protección de ciertos participantes en el juicio de la intimidación, el acoso y las amenazas», escribió Gaston.
«Estas restricciones estrechas eran necesarias, según la Corte, porque el acusado tiene un historial demostrado de uso de lenguaje incendiario para dirigirse a ciertas personas de una manera que ‘pose[s] un riesgo significativo e inmediato de que (1) los testigos sean intimidados o de otra manera indebidamente influenciados por la perspectiva de ser ellos mismos blanco de acoso o amenazas; y (2) los abogados, los funcionarios públicos y otros miembros del personal del tribunal se conviertan ellos mismos en blanco de amenazas y acoso.'»
Los abogados del presidente Trump, John Lauro y Todd Blanche, habían argumentado en su moción del 20 de octubre que los fiscales no habían demostrado que las declaraciones del presidente Trump hicieran que los testigos se sintieran amenazados o acosados.
«Una restricción previa no puede basarse en especulaciones», escribieron Lauro y Blanche. «Más bien, la fiscalía debe demostrar un ‘peligro claro y presente’ para un interés gubernamental apremiante».
Gaston, sin embargo, sostuvo que esperar a que se produzca el acoso o la violencia era un «enfoque ineficaz» no requerido por la Primera Enmienda.
«Por el contrario, el Tribunal tiene tanto la autoridad como el deber de evitar que los participantes en el juicio, incluido el acusado, participen en discursos extrajudiciales que planteen una probabilidad sustancial de perjuicio material», dijo.
Gaston también destacó el post de TruthSocial del presidente Trump del 24 de octubre en el que sugería que su antiguo jefe de gabinete, Mark Meadows, sería un «cobarde» si aceptaba un trato con los fiscales.
ABC News informó de que Smith concedió inmunidad a Meadows a cambio de que aceptara declarar bajo juramento. Según CBS News, el abogado de Meadows dijo a ABC que su informe «era en gran parte inexacto».
«La gente tendrá que juzgar por sí misma la decisión de publicarlo de todos modos», habría dicho.
En cualquier caso, las declaraciones del presidente Trump y la respuesta de la administración Biden han desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión. El caso del presidente Trump es muy inusual en el sentido de que su discurso está siendo limitado en una acusación presentada por su probable oponente en las próximas elecciones presidenciales.
«Si nuestra libertad de expresión debe significar algo, la corte no puede permitir que la fiscalía silencie al principal candidato presidencial cuyo discurso y mensaje son políticamente amenazantes para el presidente en ejercicio», dijeron los abogados del presidente Trump en su moción del 20 de octubre para suspender la orden de la juez Chutkan.
Gaston argumentó en su respuesta del 25 de octubre que los abogados del presidente Trump habían distorsionado la jurisprudencia sobre esta cuestión y que el expresidente podía seguir comentando sobre el presidente Joe Biden y el caso de ciertas maneras.
Señaló la aclaración de la juez Chutkan de que la orden «no se interpretará en el sentido de prohibir al acusado hacer declaraciones en las que critique al gobierno en general, incluida la administración actual o el Departamento de Justicia; declaraciones en las que afirme que el acusado es inocente de los cargos que se le imputan, o que su procesamiento tiene motivaciones políticas; o declaraciones en las que critique las plataformas de campaña o las políticas de los rivales políticos actuales del acusado, como el ex vicepresidente [Mike] Pence».
La juez Chutkan ha fijado el 28 de octubre como fecha límite para que el equipo del presidente Trump responda a la presentación del DOJ.
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