El Departamento de Justicia (DOJ) instó a los legisladores que consideren la posibilidad de aceptar las propuestas para actualizar una ley federal que brinda protección de responsabilidad a empresas online frente a demandas por los posteos de sus usuarios.
El asistente del fiscal general Stephen E. Boyd envió una carta a los líderes del Congreso el 27 de octubre, reiterando la urgencia de efectuar reformas a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, a la vez que citaba la reciente supresión de una serie de revelaciones del New York Post sobre los presuntos acuerdos comerciales de Hunter Biden, hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden.
«Los acontecimientos de los últimos días han hecho que la reforma sea aún más urgente», escribió Boyd en la carta (pdf) obtenida por los medios de comunicación. «Las grandes plataformas online de hoy en día tienen un inmenso poder sobre la información y los puntos de vista disponibles para el pueblo estadounidense. Por lo tanto, es fundamental que ellos sean honestos y transparentes con los usuarios sobre cómo utilizan ese poder. Y cuando no lo son, es vital que se les pueda hacer rendir cuentas».
La sección 230 exonera en gran medida a las plataformas online de la responsabilidad por el contenido posteado por sus usuarios, aunque pueden ser consideradas responsables por el contenido que viola las leyes contra el tráfico sexual o de propiedad intelectual.
La ley permite a las empresas bloquear o filtrar el contenido «de buena fe» si lo consideran «obsceno, impúdico, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador, o de alguna otra manera censurable». Sin embargo, las protecciones no estaban destinadas a aplicarse a los servicios que actúan más como editores que como plataformas online, dijo el fiscal general William Barr en un discurso en mayo.
La administración Trump ha sido muy clara en cuanto a la necesidad de cambiar la Sección 230 para obligar a las empresas online a gestionar y moderar el contenido de sus plataformas de forma responsable y justa. Ellos han acusado a las plataformas online como Facebook y Twitter de censurar ciertos puntos de vista.
Boyd también citó una declaración hecha por el juez Clarence Thomas, quien criticó a las cortes inferiores por expandir la aplicación de la Sección 230 para conferir una amplia inmunidad a las plataformas online. Thomas caracterizó estas decisiones por haber «enfatizado los argumentos no textuales» durante su interpretación.
«Extender la inmunidad de la Sección 230 más allá de la lectura natural del texto puede tener graves consecuencias», escribió Thomas en su comunicado (pdf).
El fiscal general adjunto también dijo que las plataformas online han cambiado su forma de operar desde 1996 y ya no funcionan como «simples foros para postear contenido de terceros». En su lugar, ellos están «empleando sofisticados algoritmos para sugerir y promover el contenido y conectar a los usuarios».
«Ya sea modificando el texto existente de la Sección 230 o empezando de cero, las propuestas legislativas deberían tener en cuenta estas realidades. El Congreso también puede considerar que los cambios legislativos al texto existente deberían claramente anular el precedente erróneo que se ha acumulado en torno a la Sección 230 durante los últimos 25 años, algo con lo que no tendríamos que lidiar con toda la Sección 230 y comenzar de cero», escribió.
Los legisladores de ambos lados del pasillo han planteado repetidamente su preocupación por la forma en que las empresas online manejan la desinformación y los discursos de odio y han pedido al Congreso que enmiende la Sección 230.
A partir de entonces, varios legisladores han propuesto formas de enmendar la ley, incluyendo los senadores Marco Rubio (R-Fla.) y Josh Hawley (R-Mo.), cuya «Ley para limitar la inmunidad de la Sección 230 a los Buenos Samaritanos» tiene por objeto responsabilizar a las empresas online de censurar los discursos políticos y ocultar contenidos creados por los competidores.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 28 de mayo en la que dirigía a los organismos federales a elaborar reglamentos para proteger a los usuarios de las prácticas de restricción de contenidos injustas o engañosas empleadas por las plataformas online.
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