El fiscal general William Barr ordenó el 15 de junio a la Oficina Federal de Prisiones que programara las ejecuciones de cuatro condenados a muerte por matar a niños, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Barr pidió que las fechas de ejecución se fijaran para julio y agosto, marcando así el primer uso de la pena capital por parte del gobierno federal desde 2003, dijo el DOJ en un comunicado. Dos de los cuatro condenados a muerte por matar a niños también fueron condenados por violar a los niños que asesinaron, dijo el Departamento de Justicia.
Esto ocurrió después de un anuncio de Barr en julio de 2019 en el cual dijo que las ejecuciones federales se reanudarían. A principios de abril, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que el plan de la administración Trump de reanudar las ejecuciones de los presos federales condenados a muerte mediante inyección letal no viola la ley federal.
El tribunal de apelaciones levantó una orden en noviembre de 2019 de un juez de un tribunal inferior que había suspendido las ejecuciones de los cuatro condenados a muerte federales: Daniel Lewis Lee, Wesley Ira Purkey, Dustin Lee Honken y Keith Dwayne Nelson.
Los abogados de los cuatro hombres piden a la Corte Suprema que ordene la suspensión del proceso.
El recluso Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo de supremacía blanca, fue condenado en Arkansas por el asesinato de una familia de tres personas, incluyendo una niña de 8 años. Robó a la familia y les disparó con una pistola aturdidora, cubrió sus cabezas con bolsas de plástico y las arrojó al pantano de Illinois. Su ejecución ha sido programada para el 13 de julio.
Wesley Ira Purkey de Kansas, cuya ejecución está programada para el 15 de julio, fue acusado del asesinato y violación de una niña de 16 años. Según el Departamento de Justicia, desmembró, quemó y arrojó el cuerpo de la niña a un estanque séptico. También se le acusó del asesinato de una mujer de 80 años.
El tercer recluso, Dustin Lee Honken, tiene programada su ejecución para el 17 de julio por el tiroteo fatal de cinco personas: una madre y sus hijas, de 10 y 6 años de edad, y dos de sus víctimas que habían planeado testificar contra él.
Keith Dwayne Nelson secuestró a una niña de 10 años que estaba patinando frente a su casa de Kansas y la violó en un bosque detrás de una iglesia antes de estrangular a la joven hasta matarla con un alambre. Su fecha de ejecución se ha fijado para el 28 de agosto.
«El pueblo estadounidense, actuando a través del Congreso y los presidentes de ambos partidos políticos, han instruido desde hace mucho tiempo que los acusados condenados por los crímenes más atroces deben ser objeto de una sentencia de muerte», dijo Barr en una declaración.
«Los cuatro asesinos cuyas ejecuciones están programadas hoy han recibido un proceso completo y justo bajo nuestra Constitución y leyes», añadió. «Le debemos a las víctimas de estos horribles crímenes, y a las familias que quedaron atrás, llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia», dijo.
Las ejecuciones a nivel federal han sido escasas y el gobierno solo ha ejecutado a tres acusados desde que se restableció la pena de muerte federal en 1988. La última vez fue en 2003, cuando Louis Jones fue ejecutado por el secuestro, la violación y el asesinato de una joven soldado en 1995. Aunque no ha habido una ejecución federal desde 2003, el Departamento de Justicia ha seguido aprobando los procesamientos de pena de muerte y los tribunales federales han condenado a los acusados a muerte.
Los abogados de los reclusos condenaron la decisión del Departamento de Justicia por seguir adelante con las ejecuciones.
En una declaración enviada por correo electrónico, Ruth Friedman, abogada de Daniel Lee, argumentó que el fiscal principal y la familia de las víctimas se oponen a su ejecución «y creen que una sentencia de cadena perpetua es apropiada».
Friedman dijo que el gobierno se basó en «ciencia basura y pruebas falsas» en su caso y dijo que está tratando de conseguir que un tribunal considere los problemas en su caso. Un juez federal denegó la petición de Lee de un nuevo juicio pero señaló que la evidencia presentada por sus abogados «es razonablemente probable» que haya llevado a una sentencia diferente.
«Dadas todas estas circunstancias, sería desmesurado que el gobierno ejecutara a Danny Lee», dijo Friedman.
La madre de una de las víctimas de Lee, Earlene Peterson, dijo en un video publicado en Internet que no ve cómo su ejecución «honrará» a su hija.
«De hecho, como que ensucia su nombre porque ella no lo querría y yo no lo quiero», dijo Peterson.
La abogada de Purkey, Rebecca Woodman, dijo que su cliente sufre de esquizofrenia, Alzheimer, demencia y «ya no tiene una comprensión racional de por qué el gobierno planea ejecutarlo».
«Ninguna ejecución debe proceder a menos que la cuestión de la competencia de Wes sea resuelta», dijo Woodman en una declaración por correo electrónico.
Shawn Nolan, abogado de Honken, señaló que el juicio de su cliente estaba «plagado de mala conducta y la ineficacia del abogado» que no «informó adecuadamente» al jurado de Honken de sus «graves antecedentes disfuncionales» y problemas de salud mental.
Mimi Nguyen Ly y The Associated Press contribuyeron a la elaboración de este artículo.
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