Funcionarios federales estarán presentes en los colegios electorales de 27 estados durante toda la jornada electoral para supervisar el cumplimiento de las leyes de derecho al voto, anunció el viernes el Departamento de Justicia (DOJ).
Las 86 jurisdicciones de 27 estados en las que se llevará a cabo la supervisión incluyen lugares clave en Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Pensilvania y Texas.
El DOJ dijo que los funcionarios supervisarán los procesos de votación y atenderán las quejas del público.
Este esfuerzo de supervisión forma parte de la práctica habitual del DOJ de desplegar personal durante las elecciones para hacer cumplir las protecciones federales que defienden el derecho de los ciudadanos estadounidenses con derecho a voto.
En los últimos años, la preocupación por la integridad de las elecciones, el acceso al voto y la seguridad de los funcionarios electorales ha aumentado en ambos bandos políticos. Este año se desplegarán medidas adicionales en algunas jurisdicciones, como la instalación de cristales antibalas y botones de pánico, entre otras.
En este ciclo electoral se han realizado esfuerzos para garantizar una mayor supervisión durante el proceso de recuento de votos y, más recientemente, la destrucción de urnas ha puesto de relieve cuestiones relacionadas con la intimidación de los votantes y la seguridad electoral.
Entre los estados enumerados por el Departamento de Justicia se encuentran algunos conocidos por su potencial para inclinarse hacia uno u otro de los principales partidos políticos, lo que los convierte en cruciales para determinar el resultado global de las elecciones presidenciales. Se trata de Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.
Funcionarios federales de la División de Derechos Civiles se coordinarán con las fiscalías de EE. UU., observadores federales de la Oficina de Administración de Personal y funcionarios electorales estatales y locales, según el DOJ.
Las medidas del departamento a nivel civil y penal hacen cumplir las leyes que protegen el derecho al voto en virtud de varios estatutos federales, como la Ley del Derecho al Voto, la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley Ayuda a América a Votar, la Ley de Voto en Ausencia de Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las Leyes de Derechos Civiles.
Las leyes federales también prohíben cualquier intento de intimidar o suprimir votantes por motivos de raza, color, origen nacional o religión.
Con la Ley del Derecho al Voto de 1965, el Congreso determinó que ciertas zonas tenían una mayor prevalencia de discriminación racial. Una disposición de esta ley permitía enviar funcionarios federales como observadores a esas jurisdicciones.
En 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que algunas secciones de la ley eran inconstitucionales y, en consecuencia, ninguna jurisdicción estaba sujeta a la ley.
Al dictar esa sentencia, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo: «Nuestro país ha cambiado, y aunque cualquier discriminación racial en el voto es excesiva, el Congreso debe asegurarse de que la legislación que apruebe para remediar ese problema se refiera a las condiciones actuales».
El fallo permitió a los estados, como Texas, promulgar leyes que obliguen a los votantes a presentar documentos de identidad para demostrar su elegibilidad.
En su opinión disidente, la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg afirmó que la discriminación en el voto sigue existiendo.
«La Ley del Derecho al Voto de 1965 (VRA, por sus siglas en inglés) ha funcionado para combatir la discriminación en el voto allí donde se habían probado otros remedios y habían fracasado», escribió la jueza. «Particularmente eficaz es el requisito de la VRA de autorización previa federal para todos los cambios en las leyes de voto en las regiones del país con los registros más agravados de discriminación de rango contra los derechos de voto de las minorías».
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